Van frentistas por Calderón y Meade

Los denuncian ante PGR a ellos y otros funcionarios federales más por beneficiar a una filial de Odebrecht con el proyecto Etileno XXI

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Este lunes, la coalición Por México al Frente denunció ante la PGR al expresidente Felipe Calderón y a funcionarios de su administración, entre los que se incluye al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

Tal y como se los adelantamos en Sin Desperdicio, a los funcionarios los acusan de un quebranto de mil 935 millones de pesos a Pemex por el Proyecto Etileno XXI, adjudicado a una filial de Odebrecht en México llamada Braskem-Idesa.

Según la denuncia, presentada por Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, y por el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, al menos 23 empresarios y funcionarios federales se confabularon para beneficiar ilegalmente al consorcio Braskem-Idesa con el proyecto de la planta que recientemente comenzó a operar en Coatzacoalcos, Veracruz.

La denuncia se presentó por delitos contra el consumo nacional, que se castiga con tres a 10 años de cárcel en la legislación vigente.

Esto, porque se supone que el entonces presidente Felipe Calderón y Meade emitieron en 2012 un decreto para aumentar los aranceles al polietileno, cuya consecuencia fue liquidar a la competencia de Braskem-Idesa y permitir que esta vendiera caro su producto en México.

Además, según la acusación, Pemex suscribió, sin tener las condiciones para hacerlo, un convenio para suministrar gas etano a la planta Etileno XXI, lo que planteaba el riesgo de pagar penalizaciones millonarias por incumplimiento.

Este riesgo, dice la denuncia, fue expuesto en la sesión ordinaria 827 del Consejo de Administración de Pemex, el 29 de abril de 2011, misma que presidió Meade en su calidad de secretario de Energía.

En ese encuentro, el hoy candidato presidencial priista no se opuso al convenio que causaría un daño a las arcas de la petrolera.

Tampoco lo hicieron José Antonio González Anaya, en aquel momento subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; ni Juan José Suárez Coppel, director de Pemex; ni el calderonista Jordy Herrera, entonces director de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), todos presentes en la sesión del consejo.

La omisión ocasionó un daño de mil 935 millones de pesos a Pemex solo en 2016, según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) citada por los denunciantes.

Al presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, el primer titular de Hacienda de este sexenio, los señalan por haber contado con más de dos años para posponer la entrada el vigor de ese decreto o dejarlo sin efecto, pero no lo hicieron. Por el contrario, lo publicaron el 01 de enero de 2015.

“(Se trata de) una conspiración de Estado para beneficiar a un particular (Braskem/Idesa) y a sus socios en el Gobierno, en perjuicio de Pemex, de la industria nacional y de los consumidores”.

En particular, los denunciantes piden a la PGR investigar si los presuntos sobornos confesados por Odebrecht en 2012 solo sirvieron para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto o también para sostener el contrato de la planta de polietileno.

Cabe señalar que la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández, actual embajador de México en Estados Unidos, es propietaria de Idesa, empresa que se asoció con Braskem, la subsidiaria de Odebrecht.

(Con información de Reforma)

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