Va Gobierno federal contra artífices de “campaña negra” contra AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía Electoral y el INE por lavado de dinero en contra de empresas relacionadas con el PRI, Enrique Peña Nieto y el Gobierno del Estado de México.

Lo anterior, por estar vinculadas con la “campaña negra” de la que el ahora presidente se dijo víctima en el pasado proceso electoral con la serie “Populismo en América” en la que ponían al tabasqueño como uno de los protagonistas.

“Exponer con claridad que, con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos, una vez puesta en vigor la reforma Constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no sucedía ni sucede, porque no se consideraban delitos graves estos hechos”, afirmó el presidente.

“Más que nada, se acaba la guerra sucia, el financiamiento ilegal, la compra de votos. Se termina el fraude electoral, esa es la decisión. Es algo que queremos aportar como un logro de la cuarta transformación, el que en este sexenio quede establecida de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos, nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente”, añadió.

En la conferencia matutina de este jueves, estuvo presente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, a quien López Obrador quiso hacer un reconocimiento pues en su momento, por hacer una denuncia, fue cesado.

“Eso es una reivindicación pública, por eso le pedí que estuviera aquí”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal.

En su turno, Nieto Castillo detalló que la serie “Populismo en América”, que vinculó al entonces candidato López Obrador con personajes como el venezolano Hugo Chávez, habría sido financiada por gente supuestamente relacionado con el PRI, la empresa OHL México, ahora llamada Aleatica, y un programa del Gobierno del Estado de México.

“El caso está relacionado con propaganda negra orquestada en el proceso electoral 2017-2018, particularmente con la construcción de la serie ‘Populismo en América’, orquestada a partir de dos personas en particular Alejandro Quintero Iñiguez y la empresa vinculada con el señor Piña”, señaló Nieto.

Durante el pasado proceso electoral surgieron carteles que promocionaban esta serie, en los cuales aparecía Andrés Manuel López Obrador, junto a los mandatarios Hugo Chávez, de Venezuela, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.

Santiago Nieto explicó que se identificaron a dos empresas, Grupo Tv Promo y TV Promo, en las que Alejandro Quintero figura como accionista junto con cinco de sus hermanos, las cuales participaron en esta “campaña negativa”.

Las empresas están vinculadas con la creación de spots y mensajes presidenciales relacionados con el Gobierno federal y partícipes de una campaña de Enrique Peña Nieto en 2005, según dijo Santiago Nieto.

En abril y julio de 2017, Grupo TV Promo SA de CV, percibe ingresos por 47 millones 900 mil pesos provenientes de Bufetes de Proyectos de Información y Análisis SA de CV, empresa que registra como accionistas a Federico Berrueto Pruneda y Ariel Berrueto Pruneda, que de acuerdo con Nieto Castillo, ambas personas están relacionadas con el PRI y supuestamente encargados de la guerra sucia contra el ahora presidente. 

La empresa de los hermanos  Berrueto, según el seguimiento al dinero, tiene reportes de operaciones fuera de su perfil transaccional, posible empresa fachada y fue utilizada para desviar recursos de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto. 

También, el Bufete de los hermanos Berrueto percibió recursos por 186 millones de OHL México en 2017 y 2018; además de 2.5 millones en junio de 2017 provenientes de coordinación del proyecto de apoyo a la comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación.

Nieto detalló que por este tipo de denuncias la penalidad vigente es de 6 meses a 3 años de prisión, y en la Ley General de Delitos Electorales de 5 a 15 años.

El exfiscal electoral mencionó que cualquier averiguación implicaría libertad bajo fianza y los señalados enfrentaría el proceso en libertad.

Si se judicializa el asunto, dijo, podría terminar en un procedimiento abreviado, con una suspensión provisional del proceso.

(Con información de Reforma y El Universal)

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