El uso faccioso del erario

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El ejercicio del poder en México, como en otros países del mundo, siempre ha estado ligado a cuantiosos recursos económicos que se captan a través de diversos mecanismos presupuestales, en ocasiones hasta de manera secreta y se ejercen de manera discrecional, siempre a conveniencia del Presidente en turno.

Con el avance de las legislaciones en los rubros de transparencia y rendición de cuentas, el manejo de estos recursos tiende a fiscalizarse, sin embargo, estamos aún muy lejos de lograr los avances necesarios para eliminar estas prácticas tan nocivas.

Si bien es cierto que tal vez ya no exista la famosa “partida secreta” del sexenio de Salinas de Gortari, al día de hoy sigue habiendo mecanismos con los cuales la Presidencia puede premiar o castigar a sus aliados o enemigos políticos, en este caso sobre los de mayor peso político dentro de la Federación, los gobernadores.

Hoy en día y desde sexenios anteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público opera algunos programas y fondos, a través del llamado Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, que no está regulado bajo ninguna ley y tampoco tiene reglas de operación para funcionar, pero en el cual se gastan decenas de miles de millones de pesos cada año.

El Presidente, vía Hacienda, es quien decide cuánto se gasta a través de estos programas, quién recibe las trasferencias, por qué las recibe, cuánto recibe y cuándo las recibe; todo esto sin tener que obedecer reglas ni criterios preestablecidos en normativa.

De acuerdo a una investigación de la organización “México Evalúa”, existen por lo menos tres fondos en este ramo que no tienen reglas claras y no cuentan con criterios establecidos para entender cómo se asignan los subsidios a los estados.

Desafortunadamente, el marco actual del Ramo 23 no sólo permite y fomenta que los recursos públicos se asignen de manera discrecional, también que el Ramo 23 junto sus fondos, en especial los discrecionales presenten brutales sobre ejercicios, como el del Fortafin de 2017, al que se le aprobaron recursos por 3 mil 244 millones de pesos y a septiembre de 2017 llevaba ejercidos 32 mil 806 millones, 10 veces más de lo que aprobó el Congreso.

Con este nivel de discrecionalidad del Ejecutivo, en el que ejerce 30 mil millones de pesos más de lo autorizado y lo gasta como mejor le convenga en este rubro como en otros ¿de qué sirve que el Congreso apruebe el presupuesto?

A raíz del reclamo del Gobierno de Chihuahua por la cantidad de 700 millones de pesos del Ramo 23 y otros 200 millones que también son del mismo fondo, la Comisión Permanente del Congreso pidió a la Secretaría de Hacienda que se transparenten los convenios con los que se han transferido recursos a los estados en forma discrecional, a través del Fondo de Fortalecimiento Financiero, que forma parte de las disponibilidades del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

Una de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales, para financiar proyectos de inversión, programas que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que están caracterizados por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la carencia de lineamientos, lo que deriva en una nula rendición de cuentas a pesar de que los montos pueden rebasar presupuestos completos anuales del 80 por ciento de los estados del país.

El ejercer los recursos del Ramo 23 sitúa al Presidente en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria, un uso totalmente faccioso del erario.

Frente a estas circunstancias además de los señalamientos surgen innumerables incógnitas, dentro de las cuales las más importantes serían:

¿Estos fondos sin regulación alguna deberían existir?

¿Por qué no existe ninguna regla de operación para la distribución de estos recursos?

¿Por qué los convenios con los estados son de carácter secreto y no público?

¿Por qué no hay rendición de cuentas de los recursos recibidos?

Adicionalmente, habría dos cuestionamientos que no sólo tienen que ver con el Ramo 23 y que definitivamente son sin desperdicio…

¿Cuál es el origen de los recursos si el monto presupuestado y aprobado por el Congreso es el 10% del ejercido?

¿El Ejecutivo no debería de incurrir en un delito, administrativo o penal, si por sus tanates se gasta las cantidades que se le vienen en gana, a pesar de que el Legislativo le asignó en su presupuesto otro monto totalmente diferente y además de todo no rinde cuentas de ello?

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