Usa Ejército a 11 empresas fantasma para modernizar aduanas durante la Administración de EPN

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizó 11 empresas fantasma en el plan de modernización de infraestructura en las aduanas más importantes del país, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En una publicación del diario español El País, se da cuenta de que a través de dichas compañías de papel, fueron desviados al menos 385.1 millones de pesos.

Lo detalles del contrato eran hasta ahora desconocidos, lo único que se sabía es que hubo que recurrir a los castrenses para el desempeño de dichas tareas, pues el crimen organizado dificultaba la ejecución de los trabajos con empresas privadas.

Por lo anterior es que se tuvo que recurrir a una instancia de seguridad nacional, como la Sedena para la construcción de diversas obras”, se lee en un oficio obtenido por el diario.

Entre marzo de 2013 y noviembre de 2018 la Administración General de Aduanas del SAT firmó 30 convenios específicos con la Dirección de Ingenieros de la Sedena donde acordaron una cláusula de confidencialidad para evitar que información sensible que pudiera desprenderse de los proyectos, así como los detalles de la forma en que operan las aduanas pudiera ser utilizada en contra del Estado mexicano”, misma que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) echó abajo y demandó hacer pública.

Los trabajados encargados se financiarían con recursos del Fideicomiso para Programas de Mejoramientos de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica).

Teniendo el control de las obras, el Ejército subcontrató a decenas de empresas para que le ayudaran a concluir cada uno de los proyectos.

Aludiendo a la seguridad nacional, nunca se hicieron públicos los contratos.

Ahora, tras una base de datos proporcionada por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT (Servicio de Administración Tributaria), es posible saber que en nueve de los 30 proyectos de infraestructura aduanal, la Sedena subcontrató a 11 empresas que luego fueron declaradas fantasma por el SAT.

Por ejemplo, en agosto de 2015 la Sedena firmó con el SAT un contrato específico para la ampliación de la aduana de Ojinaga, en Chihuahua, donde las obras ascendieron a 342.3 millones de pesos. Casi la mitad de los recursos, el 48.4%, se destinaron a un proveedor fantasma denominado Ramón René Lara Marín. Esta persona emitió 88 facturas durante 2016 por un total de 165.9 millones de pesos a la Sedena con lo que se justificó la venta y renta de diversa maquinaria, como retroexcadoras, montacargas, camiones de volteo, grúas, cargadores y camionetas.

En 2014 en el proyecto de reordenamiento Integral de la aduana de Ciudad Juárez, en el puente internacional Zaragoza, en Chihuahua, la Sedena pagó al mismo Lara Marín 103.1 millones de pesos. El costo de esa obra fue de 260.1 millones de pesos, lo que significa que el 40% del presupuesto se desvió a esta firma de papel. Entre los servicios contratados estaba la renta de maquinaria y el suministro de grava, arena y piedra.

Pese a no estar siquiera inscrito en el padrón de contratistas de la dependencia militar, Lara Marín fue el proveedor fantasma que facturó el monto más alto al Ejército al sumar un total de 269,1 millones de pesos desde septiembre de 2014 a diciembre de 2016 en dos proyectos aduanales.

Tres años después, en febrero de 2019, la autoridad fiscal detectó que había estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o para producir o entregar los bienes que amparaban sus facturas. Fue exhibido en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como un contribuyente que simuló sus operaciones. Esto implicó que todos los comprobantes fiscales que había emitido en el pasado fueran declarados inválidos.

Desde que empezó la Administración de Andrés Manuel López Obrador ha asignado obras emblemáticas a los castrenses, así como el control de puertos y aduanas, aludiendo a una supuesta honestidad y disciplina que los caracteriza.

Sin embargo, argumentando seguridad nacional, siguen actuando con opacidad.

Las observaciones que se les han hecho no han derivado en sanciones, toda vez que las denuncias en su contra son revisadas y juzgadas ante tribunales militares.

(Con información de El País)

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