Un Gobierno de sinvergüenzas

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Como si de una obra de Tristan Tzara se tratara, los últimos quince días en México fueron marcados por la incongruencia y la desfachatez de sus servidores públicos.

Una aparente competencia al más puro estilo dadaísta “comenzó” entre diversas dependencias de Gobierno y actores políticos que parecían esforzarse por romper los cánones del buen gobierno y la decencia. La Suprema Corte de Justicia, los aspirantes independientes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta la UNAM, fueron solo algunos de los más relevantes protagonistas.

El máximo tribunal constitucional, resolvió desestimar los argumentos de la CNDH y el INAI sobre la inconstitucionalidad de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a las inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial, manifestando que la policía únicamente puede realizar estos actos de inspección en el marco de una investigación criminal en proceso. Si bien, lo anterior resulta correcto, lo que es un atentado en contra de la ciudadanía es la propuesta del ministro Javier Laynez, de depositar esta facultad en la policía al permitirles accionar dicha revisión bajo el principio de sospecha razonable.

Y es que, la sospecha razonable como tal no es incorrecta, por el contrario, es una forma de garantizar la inmediatez del actuar policial. Sin embargo, a diferencia de otros países donde las fuerzas del orden gozan de un alto estándar de preparación y formación en la prevención del delito y difícilmente se corrompen por gozar de grandes condiciones salariales, se entiende perfectamente que sea la sospecha razonable un elemento indispensable para combatir la criminalidad, pero en México, la realidad es diferente.

Un país en donde un policía labora alrededor de 65.4 horas semanales percibiendo un salario por hora de $31.30 pesos, equivalente a un sueldo mensual aproximado de $8,772.90 pesos por arriesgar la vida, la sospecha razonable lejos de garantizar la eficiencia de la policía constituye una forma de legitimar el abuso de autoridad. Todo indica que a los ministros de la Corte que aprobaron esta resolución, se les olvidó que México no es Suecia ni Dinamarca.

Por otra parte, quienes también dieron la nota fueron los aspirantes presidenciales independientes, y es que de los tres que presuntamente consiguieron las firmas requeridas por el INE para aparecer en la boleta, solo Margarita Zavala logró el registro, al acreditar la validación del 55 por ciento del millón 578 mil 774 firmas que presentó ante la autoridad electoral. Sin embargo, hay un detalle, y es que el INE, a pesar de haber encontrado irregularidades en 708 mil 606 de las firmas de Zavala, el resto le alcanzó para asegurar la candidatura, es decir, aunque hizo trampa, de todos modos contenderá por la Presidencia de la República.

Si bien, tanto El Bronco como Ríos Piter, solo lograron acreditar la veracidad de las firmas en un 41 por ciento y 13 por ciento respectivamente, los tres actuaron en el marco de la ilegalidad. Caso distinto al de Marichuy, quien presentó un total de 281 mil 955 firmas de las 866 mil 955 requeridas por el INE, con la salvedad de que se validaron el 94.5 por ciento de estas firmas.

Es decir, Zavala que reprobó con un deplorable 55 por ciento de firmas validadas, sí tendrá derecho a participar en la justa electoral, mientras que Marichuy, que aprobó con excelencia, se quedará fuera. No es de sorprender, en México se pregona que “el que no transa no avanza”, y es que muy a nuestro pesar el sistema premia a la mediocridad y a la trampa, mientras que la honestidad y la meritocracia son desechadas. Margarita Zavala transó y avanzó, mientras que Marichuy, jugó limpio y, aun así, fracasó.

A la lista de impresentables se suma la CNDH, que con bombo y platillo anunció el pasado lunes, la Recomendación No. 10VG/2018 relativa a la masacre en la población de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, en donde presuntamente 300 personas fueron desaparecidas por el cartel de Los Zetas.

Siete años le tomó al máximo organismo de derechos humanos del país (el más caro del mundo, por cierto, con un presupuesto aproximado de 1,600 millones de pesos anuales) el emitir una recomendación, la cual además está llena de obviedades, determinando simplezas como que la PGR debería “iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables”. Como diría el #YoMero en su spot de campaña “¡no hombre, unos genios!”.

Parece ser que los casi 250 mil pesos mensuales que el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, percibe mensualmente, no son suficientes para emitir resoluciones con mayor rigor técnico y profundidad en los asuntos que resuelve, por no decir nada de la nula celeridad con la que trabajan. No cabe duda de que el halo de bonhomía que acompaña al ombudsman nacional es suficiente para cubrir la ignorancia e incompetencia de él y su equipo.

Finalmente, la UNAM, no se salva de esta inédita competencia de sinvergüenzas. Y es que el actual del Director de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios del país, Raúl Contreras Bustamante, ofició un encuentro en un hotel del sur de la Ciudad de México, con el candidato por la Presidencia de México del partido tricolor. Durante el evento, el funcionario de la UNAM, manifestó abiertamente que José Antonio Meade era el candidato “idóneo, ya que México necesita ser gobernado con rumbo y experiencia”.

Las muestras de desapruebo contra el Director de la Facultad de Derecho no se hicieron esperar. Y es que al abogado parece ser que se le olvidó consultar la normativa universitaria que lo rige, ya que de acuerdo con los artículos 2º y 9º del Estatuto General de la UNAM, está prohibido que las autoridades de la universidad tomen parte en las actividades de grupos de política militante.

Pequeño detalle olvidó el abogado, quien ahora enfrenta el repudio de la comunidad estudiantil. Una muestra más de lo que sucede cuando al frente de instituciones académicas se colocan perfiles políticos que poco saben de la academia. Por dignidad, renuncie Dr. Bustamante, lo que ha hecho no solo es traicionar a la academia, sino a una institución honorable como lo es la UNAM.

En Perú, Pablo Kuczynski, acaba de renunciar a la Presidencia por supuestos vínculos con las operaciones de la transnacional brasileña Oderbrecht en ese país, mientras que, en México, el mismo escándalo que también vincula al Presidente Peña Nieto junto con varios miembros de su gabinete, le han hecho lo que al viento a Juárez. Ni la “Casa Blanca”, ni la “Estafa Maestra” o los escándalos del socavón de Cuernavaca y la construcción del nuevo aeropuerto, hacen que Enrique Peña Nieto dimita como Presidente de México.

En un país donde no hay consecuencias, son los sinvergüenzas como Zavala, González Pérez, Bustamante, Laynez, así como Enrique Peña Nieto y compañía, los que toman las riendas de la nación. La trampa, es la fórmula del éxito de estos personajes, y sus acciones hacen que la ciudadanía sobreviva a un gobierno que lejos de deberse a la ciudadanía, se sirve descaradamente de ella.

Bien decía el escritor español Pérez Reverte que el más eficaz aliado de los sinvergüenzas, fueron siempre los enjambres de tontos que les facilitaban el trabajo. ¿Hasta cuándo entonces dejará el pueblo de México de jugarle al tonto de la desvergonzada clase política que hoy lo gobierna?

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