Tribunal ordena reaprehender a implicados en Tlatlaya

Fuentes judiciales confirman que los soldados Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández están acusados de homicidio

30 de septiembre de 2014.- Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República junto a Jesús Gabriel López Benítez, fiscal de Justicia Militar, en conferencia respecto a las investigaciones sobre el caso Tlatlaya
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Un tribunal federal ordenó reaprehender a siete militares implicados en la masacre de Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el 30 de junio de 2014.

Fuentes federales confirmaron que el Sexto Tribunal Unitario del Estado de México resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe regresar a prisión a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ser enjuiciados por ejercicio indebido del servicio público.

El tribunal indicó en su resolución que tres de los siete militares tienen causas penales pendientes por homicidio calificado.

De acuerdo con el expediente, al menos 15 civiles fueron asesinados por militares quienes en principio manejaron que se trató de un enfrentamiento con un grupo armado al interior de una bodega ubicada en Tlatlaya.

Y es que la versión inicial de la Sedena hablaba de un enfrentamiento con un grupo armado que atacó a sus elementos, pero una investigación de la agencia AP detallaba la posible manipulación de la escena del crimen, donde se sospechaba la ejecución de los supuestos criminales.

Tiempo después, Clara Gómez, testigo de los hechos, denunció que se trató de una ejecución pues los civiles se habían rendido.

Su declaración fue reforzada con otros testimonios.

Los siete militares que ahora debe reaprehender la FGR, fueron liberados desde mayo de 2016 por falta de elementos.

Lo anterior se derivó de la resolución de un recurso de apelación que se interpuso, luego de que los soldados fueron liberados.

Tras la resolución, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en un comunicado enfatizó que: “se confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales; autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios; evidencia que el análisis del magistrado que dejó en libertad a los militares fue parcial”.

Además, “regresa al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aprehender y someter a proceso a los perpetradores”.

Y “concuerda con los recientes cuestionamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU a México, sobre mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas en ejecuciones arbitrarias, y abre la puerta para avanzar en dicha rendición de cuentas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal”.

(Con información de El Universal y El Heraldo)

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