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“Oh vida, copa clara, de pronto te llenas de agua sucia,
de vino muerto, de agonía, de pérdidas, de sobrecogedoras telarañas,
y muchos creen que ese color de infierno guardarás para siempre.” Pablo Neruda.

Los periodistas están indignados y tienen razón para ello. Durante los últimos años y en especial en los primeros meses de este 2017 ha crecido el número de reporteros, analistas e investigadores de diversos medios de comunicación que han perdido la vida, víctimas de la violencia.

El más reciente de ellos Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa. La mayoría de las veces, las líneas de investigación oficiales apuntan hacia el crimen organizado. Muchos son los carteles que a lo largo de las últimas décadas se han multiplicado como consecuencia de las escisiones de de grupos que hasta hace unos años eran identificables con relativa facilidad según se tratara de una región del país o de otra. Los tiempos han cambiado y la globalización también ha influido en estas organizaciones que operan al margen de la ley.

Ahora hay grupos, subgrupos y pandillas cada una con sus respectivos líderes, que tienen además brazos muy largos tanto dentro como fuera del país, lo que dificulta aún más su ubicación y persecución. De las relaciones de los grupos criminales con las autoridades de los diversos niveles de gobierno se sabe menos.

Con relativa frecuencia se habla de la connivencia de algunos ediles municipales o de unos cuantos jefes policiacos de nivel medio para abajo, -como en el caso de Iguala-, pero de las relaciones de los grandes capos con los funcionarios de los altos niveles de gobierno o de las fuerzas armadas es raro que nos enteremos y menos aún que se averigüe a fondo.

Algunos generales fueron sacrificados hace tiempo, pero al final la mayoría de los jefes militares acusados terminaron por salir libres y reconocidos como inocentes por falta de pruebas o por fallas en el debido proceso.

Desde 1984, año en que fue victimado el periodista Manuel Buendía, -quien en su época fuera reconocido como el periodista más influyente de México-, asesinado por órdenes del entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad José Antonio Zorrilla Pérez, en lo que constituyó el primer homicidio relacionado con la llamada “narcopolítica”, ha corrido mucha sangre de periodistas, se ha gastado mucha tinta, pero también, muchas líneas valientes se han dejado de escribir. El crimen fue esclarecido gracias a la agudeza, inteligencia y valentía de Ignacio Morales Lechuga entonces procurador del D.F., quien después fuera titular de la PGR.

Los periodistas, -sobre todo aquellos que se dedican a investigar las fuentes policiacas, políticas y las relacionadas especialmente con las organizaciones criminales-, saben los riesgos que corren y mucho más en los tiempos actuales.

México por desgracia, como hemos sostenido en este espacio, vive en un virtual estado de guerra. Cuando escriben sobre estos temas en los medios de comunicación y como resultado de sus investigaciones suelen hacer señalamientos, acusaciones o acaso solamente insinuaciones sobre quienes forman parte de las redes de corrupción e impunidad que se entretejen entre autoridades y los grupos del crimen organizado, especialmente los que tienen que ver con el narcotráfico. Al hacerlo, están conscientes de que sus vidas penden de un hilo. Son corresponsales de guerra y viven en peligro, de igual forma que si estuvieran reporteando en Siria o en Afganistán. Sin embargo se atreven. Muchos de ellos consideran un auténtico deber ético el informar detalladamente sobre estos temas y señalar a los presuntos culpables, en ello, les va el riesgo de su integridad física y con frecuencia la de sus familiares, pero aunado a un sentido del deber, producir esas cantidades de adrenalina se les vuelve una adicción.

Es su trabajo y para muchos de ellos también una vocación irrenunciable. Su labor es valiosa y necesaria para la sociedad. Por eso es tan lamentable cuando se tiene noticia de que nuevamente un periodista ha sido víctima de un atentado con motivo de su labor profesional.

Pero en esta guerra y en este ambiente de inseguridad e impunidad que se respira a lo largo y ancho del territorio nacional también hay muchas otras muertes por las que rara vez se alza la voz, se publican desplegados o se organizan marchas, y en los periódicos y medios informativos ocupan el lugar de notas menores o de páginas interiores. Se trata de comerciantes, profesionistas, pequeños empresarios y taxistas que se niegan a pagar el derecho de piso que los delincuentes les exigen sólo por el derecho a desarrollar su labor u operar su negocio.

Se trata también de cientos de migrantes vejados, extorsionados y muchas veces muertos por el simple hecho de tratar de atravesar nuestro país para llegar a la frontera norte e intentar cruzarla. Se trata de simples ciudadanos que con frecuencia son asesinados por resistirse al robo de su vehículo o de su celular. Se trata de mujeres que son muertas violentamente por resistirse a un ataque sexual o a ser explotadas. Se trata también de soldados que son emboscados por los grupos criminales o muertos por la espalda en un enfrentamiento, aunque en este caso, como en el de muchos comunicadores, el riesgo vaya implícito en su trabajo.

Los atentados contra periodistas son condenables y muy lamentables, pero igual lo es la pérdida de vidas humanas que se da cotidianamente en otros amplios sectores de la población que no tienen acceso a los medios y por quienes rara vez se escucha un reclamo masivo.

En muchos casos el único conducto para enterarnos son las redes sociales que cobran cada vez más fuerza, pero que por otro lado permiten la filtración de muchas noticias falsas.

La indignación social y la exigencia para que el Estado nos garantice la seguridad que está obligado a darnos, debiera manifestarse aún más para condenar la violencia en general, con independencia de quien la sufra.

Todas las vidas valen igual.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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