En solo 33 días Moreira fue exonerado por la PGR

El diario El Universal obtuvo, gracias a unas solicitud de transparencia el dictamen de no ejercicio de la acción penal

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila. (Imagen de archivo)
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En 2012, durante el gobierno de Felipe Calderon a la Procuraduría General de la República le bastaron 33 días para deslindar y exonerar  de enriquecimiento ilícito a Humberto Moreira.

La investigación, que nunca llegó ante un juez, dejó fuera información de inteligencia que otorgó Estados Unidos a México sobre operaciones sospechosas de sus colaboradores.

La indagatoria inició en junio de 2011, tres meses después de que Moreira asumiera la dirigencia del PRI, que se preparaba entonces para postular a Enrique Peña Nieto como candidato presidencial.

En un inicio se investigó a varios colaboradores cercanos a Moreira, pero en septiembre de 2012, con el argumento de que no había indicios de que hubieran actuado “unidos”, se separó la indagatoria y se inició una exclusiva contra quien gobernó Coahuila entre 2005 y 2011.

Seis días después de haberse iniciado el nuevo expediente, el Ministerio Público encargado del caso envió un oficio a sus superiores para consultar la emisión del dictamen de no ejercicio de la acción penal, el cual se autorizó a los 27 días y permitió archivar la acusación en 33 días.

Pese a que la PGR se allegó de diversos documentos que pudieron ser clave en la investigación, el Ministerio Público no los valoró para decidir si podrían acreditar los delitos.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en 2011 le hizo llegar a México un expediente sobre actividades sospechosas de un colaborador de Moreira por haber realizado transferencias de dinero entre el 07 de abril de 2009 y el 09 de julio de 2010.

También, dieron a la PGR una relación de empresas y propiedades de Moreira y su colaborador Vicente Chaires Yañez, denunciado penalmente ante la PGR, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) proporcionaron reportes de sus operaciones inusuales y relevantes.

Pese a que en la denuncia se señalaba una red de corrupción, la PGR separó el caso para investigar a cada uno de los acusados individualmente, y en el caso de Moreira, la autoridad ministerial solo se limitó a comparar los ingresos declarados por él mismo, en sus declaraciones patrimoniales, contra los estados bancarios de las cuentas a su nombre, dejando fuera el resto de la información.

Tampoco se investigó el patrimonio o las finanzas de los dependientes económicos que pudieron haber servido de prestanombres, pese a que en la denuncia se hacía referencia a varias personas que habrían fungido como testaferros del quien fue presidente nacional del PRI de marzo a diciembre de 2011.

La indagatoria comenzó en junio de 2011, en la que se denunciaba una red de corrupción con diversos personajes allegados a Moreira cuando estuvo al frente del gobierno estatal de Coahuila.

Se señalaba que habían “amasado” de manera inexplicable una cantidad de recursos de la que no existía forma de acreditar su legal procedencia. Uno de los que encabezaba esa red, según la queja, había sido Vicente Chaires Yáñez, quien fue secretario de Operación y Administración.

En la denuncia se pedía citar a todos los involucrados, principalmente a Moreira por ser el superior de Chaires.

Entre el 22 de junio de 2011 y el 19 de septiembre de 2012, se llevaron a cabo una serie de diligencias para investigar los posibles delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Se requirieron las declaraciones de impuestos ante el SAT y las patrimoniales al Gobierno Coahuila.

Después la CNBV le permitió a la PGR los estados de cuenta de Chaires y Moreira que los bancos proporcionaron.

La UIF también entregó un reporte de operaciones inusuales y relevantes detectadas; asimismo la PGR solicitó al Registro Público de Coahuila información sobre los bienes inmuebles y empresas inscritos a nombre de ambos.

Sin embargo, Estefanía Medina, cofundadora de Tojil: Estrategia contra la impunidad, señala que quienes cometen enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, lo que buscan es ocultar que se extrajo algún dinero público, y para ello los involucrados usan a terceras personas.

Por su parte, Angélica Ortiz Dorantes, experta en prevención de lavado de dinero, asegura que la investigación fue deficiente, ya que las personas pueden mentir o presentar incompleta su declaración patrimonial formal, por ello la autoridad debe comprobar que es real.

El 26 de agosto de 2011 Chaires Yáñez compareció en calidad de probable responsable, pero se reservó su derecho a no declarar. Moreira en cambio, nunca fue citado a comparecer.

Incluso, cuando se investigaban unas trasferencias bancarias de un cuñado de Javier Villarreal Hernández, quien fungió como secretario del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, y señaló un presunto desvío de recursos, el MP aplicó la fórmula de separar la indagatoria, y el 19 de septiembre de 2012, inició una exclusiva contra Moreira a fin de “no causar demora en la procuración de justicia”.

Y el resultado: el 24 de septiembre de 2012, cinco días después de iniciada la investigación contra Moreira, los peritos de Asuntos Fiscales de la PGR emitieron un dictamen contable, en el que descartaron un incremento en las cuentas bancarias del priista que fuese mayor a lo declarado oficialmente por él entre 2005 y 2011.

Para emitir este peritaje, solo se revisaron sus declaraciones anuales de impuestos y sus ingresos reportados en sus declaraciones patrimoniales, que al compararlas con los depósitos en sus cuentas bancarias, por supuesto que no encuentra nada.

Así que al día siguiente de emitido el dictamen, el MP envía un oficio a sus superiores para proceder con el no ejercicio de la acción penal.

Se dan 15 días de oportunidad por si alguien se opone a que se cierre el caso, y el 22 de octubre de 2012 se autoriza.

Así que en la resolución se señala que en las pruebas desahogadas no se advierte que Moreira, mientras fue gobernador, se hubiese enriquecido ilícitamente.

“De lo investigado no se encontraron signos de riqueza ostensibles y superiores a los ingresos obtenidos como servidor público”, se concluyó.

La PGR también lo exoneró del delito de operación con recursos de procedencia ilícita porque no encontraron elementos que permitieran determinar que adquirió, administró, custodió invirtió o depositó recursos que precedían o representaban al producto de actividades ilícitas.

En 2016, en España, estuvo en la cárcel por una semana. Fue liberado porque la Fiscalía Anticorrupción de aquel país no halló elementos suficientes para inculparlo de malversación y blanqueo de capitales.

(Con información de El Universal)

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