Sistemas anticorrupción incompletos, asegura Coparmex

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A más de tres meses de que comenzó a operar formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) continúa incompleto, porque además de que a nivel nacional aún faltan el Fiscal anticorrupción y los magistrados, en los estados tampoco se han terminado de conformar sus sistemas para combatir la corrupción a escala local.

En el país,  sólo  10 estados tienen fiscal anticorrupción, 10 tienen magistrados de sus tribunales de justicia administrativa, seis tienen comité de participación ciudadana y solo tres tienen secretarios técnicos de su sistema local, según el monitoreo que ha hecho la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La Ley General del SNA, establece que los sistemas estatales deben estar conformados con la misma cantidad de miembros que el nacional, que deben ser los titulares de las instituciones locales.

El retraso en la integración de los sistemas locales anticorrupción en los estados es uno de los seis factores que la Coparmex identificó como elementos que pueden poner en riesgo la lucha en el interior de la República.

Hace falta autonomía en los órganos de fiscalización estatales, la injerencia ilegal de los gobernadores en la conformación de los sistemas locales anticorrupción, la escasez de interés y de capacitación de los alcaldes para prevenir desvíos de recursos y actos de corrupción en los municipios, así como la falta de coordinación entre todas las instituciones que dan forma a los sistemas locales y la ausencia de organizaciones de la sociedad civil capacitadas que impulsen la agenda de lucha contra la corrupción en cada una de las entidades federativas.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex,  Alejandro Ríos Rippa,  quien coincidió con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal y con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jacqueline Peschard quiénes también ya advirtieron públicamente de algunos desafíos.

El 19 de octubre en la inauguración del sexto seminario internacional de la Red por la rendición de cuentas, titulado “Poder, corrupción e impunidad”, el auditor Portal destacó que los sistemas locales anticorrupción están sometidos a “presiones” que pueden mermar su credibilidad o llegar, en casos extremos, “a copar su actuación a favor de intereses personales o de grupo”.

Además de que “desafortunadamente hemos podido observar que el nivel y la calidad de la participación de organizaciones de la sociedad civil no es en absoluto homogéneo entre las distintas entidades federativas”.  Ese mismo día Peschard dijo que uno de los más importantes obstáculos a vencer en el interior del SNA,  es la falta de coordinación y de comunicación entre las instituciones que lo constituyen.

Expuso, por ejemplo que el problema principal por el que no se sancionan los actos de corrupción es que la Auditoria Superior de la Federación presenta denuncias, pero no se sabe si ante estas respondieron correctamente los órganos internos de control o los ministerios públicos.

Aunque en teoría cada entidad federativa debe tener un fiscal anticorrupción, solo Chiapas, Coahuila, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tamaulipas cuentan con uno, lo que significa el 31% del país.

Además solo Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas tienen nombrados ya a sus magistrados del Tribunal Local de Justicia Administrativa.

El 19 de julio pasado el SNA, arrancó incompleto pues solo 22 entidades habían modificado satisfactoriamente su Constitución Local y 21 habían redactado sus leyes secundarias de manera satisfactoria, según el reporte del semáforo anticorrupción elaborado por Transparencia Mexicana, Coparmex y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Con información de Milenio.

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