Sistema Nacional Anticorrupción busca nexos del Gobierno con empresas fantasma

“La idea es que esto ya no suceda, lo que nosotros estamos buscando es una promoción preventiva”, aclaró Jacqueline Peschard del Comité de Participación Ciudadana.

Imagen de archivo: Jaqueline Peschard Mariscal.
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Para descubrir si alguna de las 5 mil 815 empresas denominadas como fantasma que fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha firmado algún contrato con el Gobierno federal, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a través de su Comité de Participación Ciudadana (CPC) presentó cerca de 100 solicitudes de información al respecto.

La presidenta del Comité, Jacqueline Peschard, explicó en entrevista con Reforma, que es necesario dar a conocer dicha información, pues pudieron haberse cometido evidentes actos de corrupción.

Detalló que “si esto se conoce, si se sabe quiénes son las entidades públicas que, por malas intenciones o por descuido o lo que sea, contratan con estas empresas, bueno, pues la idea es que esto ya no suceda; es decir, eso es lo que nosotros estamos buscando, una promoción preventiva”.

La CPC formuló 99 solicitudes de información a través de la Ley de Transparencia entre el 30 y 31 de octubre pasados: 36 de ellas dirigidas al sector de transportes y comunicaciones, 37 al de salud, 12 al de desarrollo social y 14 al energético.

A través del Diario Oficial, el SAT reveló una lista de empresas que expidieron factura sin contar con los activos, personal o la infraestructura necesaria para soportar las emisiones, lo cual generalmente se conoce como una empresa fantasma.

Con la lista en mano, las dependencias deberán ahora revelar al Comité de Participación Ciudadana (componente ciudadano del SNA), si hicieron algún contrato con dichas empresas.

Peschard aclaró que lo que se busca es “saber cuáles son las entidades públicas que tienen contratados, servicios o cualquier tipo de contrato con estas empresas y entonces hemos empezado por algunas entidades como Sedesol, como Pemex, como la Secretaría de Salud, que es donde nosotros creemos que hay más volúmenes de contratación”.

Las entidades requeridas ahora cuentan con 20 días hábiles para hacer entrega de la información solicitada, según la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“Están obligadas a responder, porque las entidades públicas nos tienen que decir con quién contratan, esa una obligación de transparencia”, recalcó la titular del Comité.

También se solicitó que además de identificar a las empresas que firmaron contratos, se enliste el RFC usado con cada una de ellas, además de los datos sobre los CFDI emitidos, como el nombre y RFC del emisor y receptor, el folio, la fecha de emisión, los montos pagados, los impuestos federales trasladados y retenidos que constan en el CFDI y/o la factura, entre otros datos.

(Con información de Reforma)

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