Secretaría de la Función Pública va con todo contra presidente de la CRE

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Luego de que en febrero pasado el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer fuera acusado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de haber incurrido presuntamente en un conflicto de intereses, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió en su contra cuatro expedientes que se encuentran en fase de integración.

Por medio de un solicitud de información hecha a través de la ley de transparencia, la dependencia detalló que un primer expediente radica en la Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI), cuya función es realizar investigaciones de oficio a partir de denuncias o auditorías y de analizar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, respectivamente, que formulen los servidores públicos federales para, en su caso, ordenar la práctica de investigaciones que permitan identificar la existencia o no de posibles conflictos de intereses.

Los otros tres, de acuerdo con la respuesta de la SFP, se abrieron en la Dirección General de Información e Integración (DGII), que entre otras cosas se encarga de instruir la realización de investigaciones o auditorías, de oficio, o en coordinación con las autoridades investigadoras, en relación con la evolución patrimonial de los servidores públicos.

Durante la conferencia de prensa ofrecida en Palacio Nacional el 18 de febrero pasado, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval dijo que García Alcocer habría incurrido en un conflicto de intereses debido a que la CRE autorizó en junio de 2017 un permiso a la empresa Demarca, que es una filial de la compañía Santa Fe Gas Natural, dirigida por Santiago García Castellanos, primo hermano de su esposa.

La acusación de López Obrador y el anuncio de la investigación se dieron luego de que García Alcocer declarara que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desinformaba al presidente respecto del papel de la Comisión en los contratos de gasoductos.

A pesar de que fue la propia Sandoval Ballesteros quien informó del inicio de la investigación y reveló parte de los hechos que están investigando, al responder a la solicitud de información, la SFP decidió reservar por dos años los acuerdos mediante los cuales se determinó la apertura de los expedientes.

(Con información de Reforma)

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