Se regalan notarías

El notario certifica con la fe pública que el Estado le delega, los actos que ante él mismo se celebran, dándoles una formalidad específica que confiere a las partes claras certidumbre y confianza, pero ante todo seguridad jurídica.

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“Notaría abierta, juzgado cerrado”. Joaquín Costa.

La semana pasada nos enteramos a través de los medios que el Gobernador saliente del Estado de México, Eruviel Ávila, en ejercicio de sus funciones y a sólo un par de meses de dejar el cargo, nombró a doce nuevos notarios en su entidad.

Ninguno de ellos, con experiencia suficiente para el ejercicio del cargo, más allá de haber cursado en algún caso, un diplomado exprés para taparle el ojo al macho.

El tema es recurrente cada vez que termina un sexenio a nivel estatal. Se han dado casos, como en Veracruz hace unos años, donde el Gobernador saliente -Fidel Herrera-, creó casi cien notarías de un plumazo para beneficiar a igual número de amigos o colaboradores por quienes sintió el compromiso de compensarlos por sus “leales servicios”, el tema generó un escándalo muy publicitado en su momento.

El notariado es una institución jurídica que tiene una presencia inobjetable que va de la mano de la evolución histórica del Derecho en México.

Desde la figura del “tlacuilo” que en el México prehispánico era el encargado de plasmar y dar testimonio en los antiguos códices los hechos importantes de su época, pasando por el escribano colonial que daba fe y certificaba los actos que revestían de importancia legal, -como el otorgado ante Don  Diego de Godoy nombrado por el conquistador Hernán Cortés para dar fe de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz el 21 de abril de 1519, reconocido como el primer acto notarial de esa época,-hasta nuestro días, el notario ha sido un garante primordial para la seguridad y certeza de las transacciones jurídicas.

En un sistema de Derecho codificado que a su vez deriva del Derecho Romano-Germánico con innegable influencia del derecho napoleónico y del español como lo es el nuestro, -el cual se distingue del sistema anglosajón basado fundamentalmente en precedentes-, la función notarial reviste un importancia evidente.

El notario certifica con la fe pública que el Estado le delega, los actos que ante él mismo se celebran, dándoles una formalidad específica que confiere a las partes claras certidumbre y confianza, pero ante todo seguridad jurídica.

La función notarial busca cumplir los objetivos del llamado derecho preventivo. Mientras en el sistema anglosajón, común a todos los países del llamado “Common Law”, -principalmente el Reino Unido de la Gran Bretaña, los Estados Unidos de América y el resto de naciones que fueron sus colonias-, donde el sistema legal se basa en la solución de controversias judiciales y el registro puntual que de las mismas derivan; en México, al igual que en España, Alemania, Italia y prácticamente todos los países de América Latina y la mayoría de países del mundo, incluidos Japón y China, el notariado cumple una función que evita hasta donde es posible que la interpretación de la voluntad  expresada válidamente, así como la celebración de contratos y acuerdos legales, concluya en los tribunales. Ese es el origen de la frase que encabeza esta columna.

El notario, no es solamente un profesional del Derecho; el ejercicio de su función, supone absoluta objetividad e imparcialidad. Debe velar por el equilibrio de los derechos y obligaciones de todas las partes que intervienen en un acto jurídico y que su voluntad sea respetada, como ocurre en los testamentos, por poner un ejemplo.

Por ley, debe asesorar a las partes y mantenerse ajeno a los intereses de las mismas, al tiempo que debe procurar en todo caso zanjar y mediar de forma equitativa ante cualquier diferencia o conflicto, cediendo en su lugar la participación que corresponda a las autoridades judiciales cuando el caso lo amerita y las leyes así lo señalan.

En México, el notariado en general goza de la confianza y el respeto de la sociedad, sin embargo, las diferentes circunstancias que permiten el acceso al mismo como función de interés público, tienden en ocasiones a desprestigiarlo y a poner en duda la legitimidad de muchos de sus integrantes.

La tradición histórica que regula el acceso a la función notarial y que se encuentra vigente desde siempre en países como España, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y todos aquellos de influencia latina, se basa en la acreditación de los conocimientos, de la experiencia y de las competencias profesionales. Estos se miden y controlan a través de rigurosos exámenes de oposición -equivalentes a los que se ocupan para elegir jueces y magistrados, públicos, transparentes y abiertos y a los que se tiene acceso sólo que previamente se haya acreditado la capacidad de los sustentantes que resulten triunfadores en los exámenes de oposición que al efecto se celebren.

En nuestro país esto ocurre solamente en la capital federal, en donde desde hace más de 70 años, el examen de oposición, público y abierto, organizado por la autoridad del gobierno de la Ciudad de México en conjunto con el Colegio de Notarios de la misma, -a quien avala un prestigio y más de 225 años de historia-, es el único medio de acceso a la titularidad de una notaría pública.

Así debiera ocurrir en el resto de la entidades federativas, pero en prácticamente la totalidad del resto del país, los notarios son nombrados o ratificados por privilegio del gobernador en turno, quien suele otorgar las patentes respectivas, como auténticas “patentes de corzo”, a sus colaboradores cercanos, amigos y aliados políticos como premio a su lealtad. Ello se traduce en que muchos notarios nuevos, no tengan experiencia alguna para desempeñar el oficio y que el ejercicio del mismo quede subordinado con frecuencia, al compromiso político frente al gobernante que les haya regalado la  chamba.

No obstante ello, es de justicia reconocer, que como en todo hay honrosas excepciones. Juristas notables, estudiosos y académicos de reconocido prestigio los hay por docenas y son notarios honorables en muchos estados, pero por desgracia no son la mayoría. El mayor número de ellos, deben su puesto a favores políticos y resultaron ser unos advenedizos en tan importante función. Algunos de ellos procuran legitimarse con el tiempo accediendo a estudios y cursos para prepararse dignamente, pero muchos más prefieren lucrar con la profesión y cumplir con sus compromisos políticos sin demostrar  vocación por su ejercicio.

La ciudadanía, receptora final de los servicios notariales, es lo que menos importa en estos casos. Lo que prevalece es la cuatitud, el amiguismo y el tráfico de influencias. No importa si hay que revivir a un muerto para que otorgue testamento, lo realmente importante será lo que disponga “el señor Gobernador”.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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@eugeniocasta

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