Se encienden las alertas

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A once días de la renuncia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Carlos Urzúa, no hay indicio alguno de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vaya a iniciar una investigación sobre los motivos que el exsecretario denunció, y que lo orillaron a dejar su cargo: “políticas públicas sin el suficiente sustento, imposición de funcionarios ignorantes de la Hacienda Pública y personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

Poco después de haber dimitido, entrevistado para la revista Proceso, el exsecretario le puso nombre y apellido al conflicto de interés: Alfonso Romo. En dicha entrevista, el extitular de Hacienda, reveló más detalles del porqué de su renuncia, evidenciando las inconsistencias en la toma de decisiones en materia económica en la nueva administración.

Tales acusaciones ameritaban una investigación inmediata por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), hacia el jefe de la Oficina de la Presidencia y demás funcionarios señalados por Urzúa, pero al parecer, y como sucedió en sexenios pasados, las investigaciones en contra de funcionarios señalados por actos de corrupción o conflictos de interés, también son selectivas en esta administración morenista.

El pasado martes 16 de julio, Irma Sandoval, titular de la SFP, informó en conferencia de prensa, que hay en curso siete investigaciones en contra del exdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, quien tuvo que renunciar en medio de un escándalo de corrupción tras ser exhibido en varios reportajes donde se detallan sus vínculos con una red de empresas farmacéuticas que obtuvieron contratos millonarios con el nuevo gobierno. Tras semanas de negar lo evidente, de acusar que eran inventos, politiquería y grilla, al funcionario no le quedo más que dejar el cargo y la SFP se colgó la victoria de su renuncia portando sombrero ajeno.

En dicha conferencia, Sandoval Ballesteros, al ser cuestionada sobre el presunto conflicto de interés de Alfonso Romo, declaró que descartaba una investigación en su contra: “Actuamos por quejas y denuncias. En este caso no hay denuncias y el presidente tampoco lo ha ordenado”.

Qué chulada. ¿El presidente es quien decide a quién investigar y a quién no? ¿Esto se puede entender como un cambio de régimen? ¿Un mandatario que ordena qué conflictos de interés se investigan en su gobierno y cuáles se archivan? Esto huele y camina como las típicas prácticas priistas que tanto criticaron los que hoy ocupan el poder.

“En el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación”, remató Irma Sandoval, cuyo hermano, Pablo Amílcar Sandoval, es nada más y nada menos que el delegado del gobierno federal en el estado de Guerrero. Pero no se preocupen, el mandatario ya declaró que en caso de que el hermano de su secretaria llegara a cometer algún acto de corrupción, la titular de la SFP no podrá intervenir en ninguna investigación en su contra, ¿cómo creen? Impensable.

Al parecer Alfonso Romo pasará a formar parte del grupo de los intocables de este gobierno, mientras las denuncias del exsecretario de Hacienda solo tienen eco en una oposición que no logra articular una estrategia eficaz para convertirse en un contrapeso real al nuevo gobierno. Todos los días despertamos en un país donde la nueva forma de gobierno al parecer es “el fin justifica los medios”, pasando por encima de normas, pisoteando derechos de ciudadanos, donde la descalificación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a periodistas, a medios críticos, cada día sube más de tono desde el púlpito presidencial. El presidente no corrige, no modifica su lenguaje incendiario, al contrario, lo ha endurecido más. No hay señalamiento sobre su gobierno que acepte, que lo lleve a la reflexión y le haga dar un golpe de timón ante la crítica diaria por el maltrato que trabajadores, deportistas, comunidad científica y artística del país están padeciendo ante los recortes de recursos en la mayoría de las dependencias de su gobierno.

Quien se atreva a criticar las decisiones del presidente queda apestado. Se convierte en automático en “un traidor, en un apátrida, en un fifí, en un neoliberal”. Para la gran mayoría de los militantes de Morena y lopezobradoristas, sus decisiones son la respuesta que México necesita. Todas y cada una de ellas. No hay más.

La ineptitud, la arbitrariedad, la irresponsabilidad, la soberbia, el desprecio a la técnica y al conocimiento, la ignorancia, están ganando terreno en esta nueva administración ante el silencio de quienes hasta hace poco prometían un cambio en la función pública de nuestro país.

Sí, 30 millones de mexicanos salieron a las urnas el 1 de julio de 2018 a votar por un cambio, por una transformación. Lo he dicho antes, escatimar la legitimidad con la que cuenta el presidente, es un absurdo. Pero negar la realidad que estamos viviendo es un absurdo mayor: la arbitrariedad, la ineptitud, la irresponsabilidad con la que también este gobierno está llevando las riendas del país.

Imposible no verlo, imposible no señalarlo. El golpeteo diario a las instituciones, el linchamiento hacia la prensa crítica, la incapacidad de transformar al país sin pulverizar los logros que tanto le ha costado a la sociedad civil. La negativa a entender que se gobierna para todos, no solo para los que aplauden, no solo para los que celebran y justifican cada palabra y acto del presidente.

Este nuevo gobierno me recuerda a los hunos cuando conquistaban territorios, quemaban todo a su paso en señal de victoria, dejando montañas de cadáveres detrás.

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