SCJN autoriza que Cofece y CNDH restablezcan sus salarios de 2018

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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comision Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrán restablecer los salarios que pagaban en 2018 a sus funcionarios de mando.

Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que se verán beneficiados cerca de 30 funcionarios de la Cofece y 45 de la CNDH que ganaban hasta 2018 por encima del tope de 1.6 millones de pesos netos anuales que se autoasignó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante que algunos de esos funcionarios se ampararon a título personal y ya contaban con suspensiones otorgadas por jueces para mantener sus ingresos.

Con la Cofece y la CNDH suman cinco los órganos autónomos que tienen o tendrán ese beneficio.

El pasado 11 de junio, la sala dictó una sentencia similar en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

También fue a la Corte el Banco de México, a cuyos integrantes se les autorizó seguir ganando hasta 50 por ciento más que el presidente por ser un órgano que no está sujeto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que también se inconformó, ha dejado de ser un órgano con autonomía constitucional tras la reforma impulsada por el actual Gobierno, por lo que está en proceso un trámite que resultaría en el desechamiento de su controversia.

Por lo que toca al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ya fueron rechazados en la Corte proyectos que negaban las suspensiones, por lo que solo está pendiente la formalidad de que se sometan a votación nuevos proyectos para concederlas.

El pasado 20 de mayo, el pleno de la Corte ordenó al Congreso corregir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para aclarar los criterios con base en los cuales debe fijarse el salario del presidente, tope para todos los demás.

Algunas controversias contra el PEF de 2019, están pendientes de discusión. En ellas se resolverá si la reducción salarial violó derechos humanos de los funcionarios o si afectó la autonomía.

(Con información de Reforma)

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