Los rusos se arriesgan a perder el trabajo por apoyar a Navalni

20 de febrero de 2021.-Un oficial de policía patrulla en el exterior del tribunal del distrito de Babushkinsky donde se dictó sentencia contra Alexéi Navalni. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
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El profesor de física Alexéi Alexeyev aún no se lo cree. El 9 de febrero fue despedido sin miramientos, después de haber participado en Siberia en manifestaciones de apoyo al activista encarcelado Alexéi Navalni.

“Ahora va a ser difícil encontrar un trabajo en instituciones públicas debido a la razón de mi despido”, cuenta por teléfono desde Novosibirsk, la tercera ciudad de Rusia.

Según este profesor, sus superiores le reprochan haber defendido ante sus alumnos las manifestaciones no autorizadas del 23 y 31 de enero en favor de Navalni, que este sábado vio confirmada en apelación su condena a dos años y ocho meses de cárcel.

“Jamás he hablado de política con mis alumnos. Sé que hay que ser muy prudente. Cuando (los estudiantes) me preguntaron si apoyaba a Navalni les respondí: ‘Aprended a pensar por vosotros mismos'”, cuenta este profesor de 38 años.

Según el expediente consultado por la AFP, Alexeyev fue despedido por “faltar de manera repetida y no justificada a sus obligaciones profesionales”.

El ministerio local de Educación no respondió a la solicitud de la AFP para tener más detalles sobre estas faltas repetidas de Alexeyev.

Las protestas no autorizadas organizadas desde finales de enero a favor de Nalvani, enemigo acérrimo del Kremlin, fueron reprimidas duramente y hubo más de 11.000 arrestos, multas, breves encarcelamientos y también se abrieron unas 100 causas penales ante los tribunales, que podrían derivar en importantes condenas.

Además, se han registrado despidos punitivos y dimisiones forzadas, sobre todo entre los funcionarios públicos.

El profesor Alexéi Alexeyev explica que compartió en su cuenta personal en la red social Vkontakte, el equivalente ruso de Facebook, una foto suya en una manifestación así como la dirección de la asociación OVD-Info, que presta ayuda a los manifestantes arrestados, y también la investigación anticorrupción de Navalni contra el presidente ruso Vladimir Putin.

Según él, estas publicaciones fueron señaladas ante la dirección del centro educativo, con la que ya no estaba en buenos términos tras haberse quejado de la falta de medios del lugar donde enseñaba.

“La idea es que los profesores tengan miedo para que no compartan sus opiniones ni siquiera en las redes sociales”, dice.

 – Registros, prisión, dimisión –

A varios miles de kilómetros, Alexandre Riabtshuk fue obligado a dimitir en la escuela pública de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, donde enseñaba historia desde hacía 7 años.

“La dirección me pidió que suprimiera mis publicaciones en Instagram en las que apoyaba a la oposición”, dice este hombre de 31 años.

“Pero me negué. Preferí defender mis principios que salvar mi carrera (…) En mis clases sobre la Grecia antigua hablo de democracia. Creo en la idea del deber ciudadano y quiero aplicar lo que enseño”, dice.

En su ficha personal, se indica que el contrato terminó por deseo de él. Pero el profesor afirma que le obligaron, después de que las fuerzas del orden vinieran a registrar su casa y fuera encarcelado cinco días por participar en una manifestación no autorizada.

El ministerio regional de Educación tampoco respondió a la solicitud de la AFP sobre su caso.

Las autoridades rusas examinan las redes sociales con atención y amenazan a plataformas y usuarios porque Instagram o Facebook se han convertido en oasis de libertad de expresión y en fuentes de información para los jóvenes que no tienen ningún apego a los medios de comunicación tradicionales, controlados por el Estado.

Además, las autoridades rusas también presionan a empresas cuyos responsables han apoyado a Navalni.

El proyecto “Apologuia Protesta”, lanzado por la ONG Agora, denunció esta semana controles inesperados contra al menos cuatro empresarios de Moscú que fueron detenidos recientemente en manifestaciones pro Navalni.

“Los agentes les piden muchísimos documentos y les dicen que los servicios fiscales han ordenado estos controles”, según estas fuentes, que ofrecen apoyo jurídico a estos empresarios en apuros.

(AFP)

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