Rosario Robles, un año en prisión sin acusación por desvíos de La Estafa Maestra

Pesa a que el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva automática y a que Gertz Manero consideraba que La Estafa Maestra representaba un crimen de Estado, Robles es la única que está detenida por el caso

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El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles acudió voluntariamente a una audiencia, al ser citada por un juez, la Fiscalía General de la República (FGR) denunció públicamente que tanto la Sedesol como la Sedatu, que habían sido encabezadas por la citada, habían firmado convenios fraudulentos que permitieron el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Los fiscales aseguraron que tenían 16 averiguaciones y carpetas de investigación en curso iniciadas tras denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detallaban los desvíos bajo el esquema de La Estafa Maestra.

A un año de distancia y pese a permanecer encarcelada, Rosario Robles no ha sido acusada de haber robado, lavado o aprovechado ilícitamente los recursos que fueron desviados en este esquema fraudulento.

Incluso, en una nueva audiencia privada en marzo pasado, los fiscales reconocieron que en ninguna de las 16 indagatorias referidas inicialmente figura como responsable de algún delito.

Actualmente hay un solo proceso penal en curso, que está por llegar a la fase de juicio, en el que se le responsabiliza de presuntas omisiones. En concreto: no haber hecho nada para impedir que Sedesol y Sedatu firmaran convenios fraudulentos que causaron el posible desvío millonario.

Son los mismos convenios que, de acuerdo con el reportaje de La Estafa Maestra y las auditorías de la ASF, también se firmaron en once dependencias del Gobierno federal, entre ellas Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, pero hasta hoy, ninguno de los otros ex secretarios de Estado han sido procesados por permitirlo.

El delito que se le impugnó a Robles no es de los que se conocen como graves y que ameritan prisión automática; pese a ello y a pesar que nunca tuvo orden de arresto girada en su contra, el juez ordenó que fuera encarcelada.

La justificación fue que había riesgo de que se fugara pues tenía dos licencias de manejo con direcciones diferentes, sin embargo la defensa demostró que la firma y huellas de una de las licencias no corresponden a Robles y que tal documento fue expedido ilegalmente por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).

Semovi separó a un funcionario operativo de su cargo por presuntas irregularidades al emitir la licencia, y hay una indagatoria en curso.

Unos días después de ser procesada penalmente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dijo que se había inhabilitado por 10 años a quien fuera la la primera mujer en gobernar la capital del país.

El dictamen de dicha sanción, revela que la única anomalía detectada fue una tarjeta de débito con 2 mil 800 pesos de saldo, que fue dada de baja, pero que Robles no reportó en sus declaraciones. Es una falta administrativa ajena a La Estafa Maestra.

La SFP también indagó el patrimonio de la maestra, pero concluyó que no había irregularidades.

Estefanía Medina, cofundadora de la organización TOJIL, que también presentó una denuncia contra La Estafa Maestra, afirma que se señala a una sola funcionaria cuando secretarios de Estado, rectores de universidades operaron en un gran sistema.

El 06 de mayo de 2019, el titular de la FGR, Alejandro Gertz prometió una reestructura de la investigación de La Estafa Maestra, pues consideraba que las denuncias se habían manejado erróneamente como casos aislados y debía investigarse como “un saqueo desde el poder” encubierto por el Estado y desde la perspectiva de la delincuencia organizada, no obstante, cinco meses después la Fiscalía procedió contra Robles sin orden de aprehensión.

El juez que encabezó la audiencia a donde acudió voluntariamente Robles, fue Jesús Delgadillo Padierna, acusado por la defensa de estar en conflicto de interés por ser pariente de Dolores Padierna, contrincante política de la detenida; el juzgador la vinculó a proceso pero agravó la imputación, pues dijo que el delito imputado debía multiplicarse por dos, es decir, la omisión en Sedatu y la omisión de Sedesol.

Epigmenio Mendieta, abogado de Robles señala que su cliente no esta acusada de ilícitos de La Estafa Maestra sino solo por omisión, y refiere que la inhabilitación por 10 años de la Función Pública fue desproporcionada, pues se creó la idea que a Robles se le sancionaba por el mecanismo fraudulento, y no por olvidar reportar un tarjeta de débito con 2 mil 800 pesos que tenía desde 2008.

Pero la SFP dijo que el monto no es relevante para la sanción, sino la irregularidad misma, por la “falta de veracidad en la declaración”.

(Con información de Animal Político)

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