Pocos resultados a un año de la implementación del nuevo sistema judicial

Aunque prometían celeridad en la resolución de casos, menos del 50% de las carpetas de investigación en la PGR han sido resueltas. ¿Es el sistema o las autoridades?

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Desde el 18 de junio de 2016 que se implementó por completo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) las labores de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) han dejado mucho que desear, ya que apenas el 43.45 por ciento de las carpetas de investigación han logrado ser resueltas.

Según las cifras de la Unidad de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (UISPPA) de la Procuraduría, de las 99 mil 478 carpetas iniciadas desde noviembre de 2015 (cuando la PGR comenzó a usar el sistema) solo 3 mil 549 han culminado con la aplicación del procedimiento abreviado, parte del nuevo esquema jurídico.

De acuerdo a un reporte con hallazgos del 2016 realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), una de cada dos carpetas de investigación siguen pendientes de determinación, de la cuales solo 0.18% llegó a un juicio oral.

El mismo informe detalla que la gran mayoría de las carpetas fueron por delitos patrimoniales y portación ilegal de armas de fuego, que representan un 44.6 por ciento de todos los expedientes abiertos.

Varias autoridades han sido críticas de este nuevo sistema, en especial Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, quien descalifica que la portación de arma no sea considerada un delito grave que deba ser castigado con prisión preventiva oficiosa.

Este 05 de julio la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia deberá discutir un proyecto de jurisprudencia que establecería que los procesados por delitos graves bajo el anterior sistema penal ahora puedan solicitar al juez su libertad según las nuevas reglas del NSJP.

Según Sales esto permitiría que tengamos “aún más gente con armas de fuego en las calles, y si hay más armas, habrá más homicidios. Es una ecuación muy elemental: mientras más armas de fuego existan en la calle, más homicidios habrá”.

¿Y el criterio de los jueces, no aplica?

El propio titular de la PGR, Raúl Cervantes admitió que la ciudadanía tiene poca confianza en las instancias que se encargan de procurar la justicia en nuestro país, ya que existe una “una verdadera independencia técnica y operativa de las procuradurías y fiscalías.”

Además, admite que parte del problema está en que no existe un “servicio profesional de carrera sólido, atractivo y de programas integrales de capacitación que permitan mejorar los resultados del personal ministerial, policial y pericial”.

Expertos como Ana Pamela Romero del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aclaran que el problema no radica en el modelo de investigación, sino más bien en que se desconoce su funcionamiento, lo que provoca un rechazo al mismo.

Mientras personajes como Sales, Cervantes o el propio Jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera (quien también ha culpado al nuevos sistema por los altos índices de criminalidad en la ciudad) continúan encontrando excusas para justificar sus fracasos en el SJPA, nos preguntamos:

¿Será en verdad deficiencia en el sistema o quizás las mismas autoridades siempre estuvieron rebasadas y jamás contaron con la capacidad para hacer frente a la violencia, con o sin un nuevo sistema penal?

(Con información de Reforma y El Universal)

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