Reconocen ilegalidad de la PGR en caso Anaya

El queretano en aquel momento era candidato a la Presidencia de la coalición Por Mexico al Frente, formada por PAN, PRD y MC

Ricardo Anaya tras salir de la PGR
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Dos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) violaron la Constitución al pretender incidir en la legalidad de la campaña presidencial de 2018, declaró el Tribunal Electoral federal.

Lo anterior, al haber hecho uso ilegal de recursos públicos al difundir videos y comunicados de la visita a esa dependencia de Ricardo Anaya, quien era candidato a la Presidencia de la República.

El 25 de febrero de 2018, Anaya acudió a la entonces PGR y tres días después la dependencia difundió en sus cuentas oficiales dos comunicados y un video del suceso tomado de una cámara de seguridad con audio integrado.

Los titulares de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Israel Lira, y de la Dirección General de Comunicación Social de la entonces Procuraduría General de la República, Rafael Lugo, se inconformaron con la sentencia e interpusieron recursos para buscar revertir la determinación.

Anteriormente la sala especializada del Tribunal había declarado la existencia de la infracción que consistía en el uso parcial de recursos públicos para influir en el proceso electoral federal 2017-2018.

Se consideraba que la falta estaba en la difusión de dos comunicados de prensa relativos a la asistencia de Anaya a las instalaciones de la SEIDO en el portal de internet del Gobierno federal, así como en las cuentas oficiales de Twitter y YouTube de la dependencia.

La resolución establece que “se propone confirmar la determinación controvertida en virtud de que se encuentra debidamente fundada y motivada”.

La sentencia busca establecer una diferencia entre la acción infractora de los involucrados y el resultado de la misma, y sugiere que es difícil acreditar el impacto real de la conducta, ya que se dio durante la campaña.

Sin embargo, se estipula que de acuerdo al artículo 134 constitucional, “debe entenderse como una infracción de acción y no de resultado, por lo que basta con que en autos se está acreditada la realización de la conducta ilícita por parte de un servidor público” lo cual contraviene los principios de imparcialidad y neutralidad respecto al proceso electoral.

Para los magistrados, no existió justificación en la manera en que actuó la PGR al difundir la presencia en sus oficinas de Anaya, quien acudió voluntariamente a la SEIDO para entregar un escrito y solicitar información sobre posibles indagatorias en su contra relacionadas con la venta de una nave industrial en Querétaro.

Por su parte Ricardo Anaya celebró la resolución y a través de Twitter, dijo que espera que “este tipo de maniobras, tramposas y arteras, jamás se repitan en contra de ningún candidato”

(Con información de Reforma)

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