Recomienda Amnistía Internacional a Peña trabajar más en la realidad que en su imagen

El organismo criticó el gasto que la presente administración ha destinado a publicidad, el cual tan solo en 2017 ascendió a más de 7 mil 800 millones de pesos.

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En 2017 el Gobierno de Enrique Peña Nieto rebasó los 7 mil 800 millones de pesos en publicidad.

Los recursos en ese rubro se duplicaron respecto a lo autorizado en el Presupuesto, que eran 3 mil 700 millones de pesos, según el Gasto en Campañas y Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales.

A este respecto, Amnistía Internacional sugirió al Presidente Peña Nieto que trabaje más en la realidad que en su imagen.

Durante la presentación en México del informe anual de Amnistía Internacional, James Cavallaro, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que mientras el Gobierno federal se dedique a maquillar su imagen, en vez de afrontar la realidad, no se podrá superar la grave crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país.

“Este Gobierno ha gastado más que ningún otro en publicidad, y tiene un efecto en la independencia de los medios, miles de millones de pesos en promover una imagen a través de la publicidad”, señaló Cavallaro.

“Si se dedica a trabajar la imagen y no la realidad, no se pueden tomar las decisiones difíciles, no se pueden diseñar políticas coherentes, no se puede superar lo que es una crisis grave de los derechos humanos”, agregó.

En los últimos años el Gobierno ha incrementado su gasto en publicidad, sobrepasando incluso lo presupuestado por los legisladores para ese fin.

Por ejemplo, en 2013 los diputados aprobaron 5 mil 481 millones de pesos para campañas de comunicación social y el Gobierno federal ejerció 8 mil 154 millones; tres años después, en 2016, se asignaron 4 mil 580 millones de pesos, pero el gasto se elevó a 10 mil 698 millones.

Actualmente está pendiente la ley reglamentaria en materia de propaganda gubernamental que fue aprobada en 2014, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se publicara a la brevedad.

Los legisladores tienen hasta el 30 de abril para acatar la instrucción.

(Con información de Reforma)

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