Propondrá ministro declarar inconstitucional Ley Bonilla

Jaime Bonilla. (Imagen de archivo)
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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Fernando Franco González Salas, presentó un proyecto de sentencia respecto a la Ley Bonilla en el que planteó declararla inconstitucional.

La Ley Bonilla, fue una reforma aprobada por el Congreso en Baja California con la que se amplió de dos a cinco años el periodo de mandato del Gobernador morenista Jaime Bonilla.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación revelaron que el proyecto de Franco González fue distribuido este lunes entre los ministros de la Corte y aseguraron que se hará público en los próximos días.

Se presume que el Pleno prepara el estudio del caso para la próxima semana.

Por tratarse de acciones de inconstitucionalidad se necesitan ocho votos para anular la mencionada reforma, de lo contrario continuará vigente.

Con la nueva conformación de la Corte se desconoce cuál será el punto de vista sobre este tema de los ministros Yazmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis Alcántara Carrancá.

Cabe recordar que se interpusieron siete acciones de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma por parte de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Partido de Baja California, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral.

En octubre pasado, el ministro Fernando Franco rechazó frenar la toma de protesta de Jaime Bonilla como Gobernador del estado, luego de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, interpusiera un recurso con la intención de evitar que el morenista asumiera el cargo.

El panista buscaba que la Corte primero se pronunciara en el sentido de si es constitucional que Bonilla gobierne cinco años, como lo impulsó el Congreso Local, o solo dos años como le ordenó la ley.

Franco González indicó que el hecho de que Jaime Bonilla asumiera sus funciones no significaba que quedaría sin materia las acciones de inconstitucionalidad, por lo que la vigencia de la norma impugnada no impide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de su validez.

(Con información de Milenio)

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