Procesan a tres por La Estafa Maestra

Dos son excolaboradores de Rosario Robles y el abogado general de una de las universidades que subcontrataron servicios para supuestamente desviar recursos

Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol
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Como parte de los expedientes judiciales de La Estafa Maestra, este lunes por la noche, la jueza federal, Beatriz Moguel Ancheyta vinculó a proceso a dos excolaboradores de Rosario Robles y a un exfuncionario universitario.

Están acusados de contratar de manera ilegal el monitoreo y mejora de los comedores comunitarios de zonas marginadas del Estado de México por 400 millones de pesos.

Se procesó a Martha Lidia Montoya Santos, quien fuera directora de Recursos Financieros y José Israel Torres Gutiérrez, exdirector general de Desarrollo Comunitario, ambos en Sedesol, además a José Roberto Aguilar Fuentes, exabogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).

La jueza consideró que “los datos de pruebas son aptos y suficientes para vincular a proceso”, por lo que fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, lo que vencerá el próximo 12 de marzo.

De esta forma, los procesados deberán presentarse quincenalmente ante la autoridad, no podrán salir del país y cada uno deberá pagar una garantía de 70 mil pesos, en los siguientes cinco días.

Se señaló como indebido el convenio suscrito el 03 de abril de 2015 entre la Sedesol y la UPCH para la supervisión, monitoreo y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, durante la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Ya que de ahí se desprendieron dos contratos, fechados el 14 de abril y 06 de mayo del mismo año, donde Sedesol depositó 200 millones de pesos por cada uno.

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la Sedesol no verificó que la UPCH tuviera la capacidad técnica, material y humana para cumplir con el contrato, el cual se adjudicó sin licitación.

Al mismo tiempo, los servicios fueron subcontratados por la UPCH en una proporción mayor al 49 por ciento que marca la norma de adquisiciones.

La FGR dijo que la universidad subcontrató 278 millones 400 mil pesos, lo que constituye un 69.6 por ciento de los 400 millones de pesos que entregó la Sedesol.

Se acusa que Montoya Santos, exdirectora de Recursos Financieros hizo el pago a la Universidad varios días antes de que se lo requirieran oficialmente y cuando aún no le entregaban todos los documentos que justificaban la transferencia bancaria.

La defensa de los acusados, asegura que la contratación no fue indebida porque la subcontratación nunca sobrepasó el 49 por ciento del total del convenio.

Además de que presentaron un fallo de la Secretaría de la Contraloría de Chiapas que concluyó que la UPCH no violó el límite que marca la norma para las subcontrataciones.

Esta audiencia tardó un año en llevarse a cabo, ya que a través de amparos, se suspendió la que estaba programada en noviembre de 2018, y también la del 04 de octubre.

(Con información de Reforma)

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