Principales hallazgos de la ASF en el primer año de AMLO

Irregularidades en Tren Maya, Dos Bocas, becas, aeropuerto de Santa Lucía, Sembrando Vida... y el Presidente afirma que están mal, pues él “tiene otros datos”

Zumpango, Estado de México. 10 de febrero de 2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a su llegada a la base aérea de Santa Lucía
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El auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, presentó este fin de semana ante la Cámara de Diputados la tercera entrega de Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019 que da cuenta del primer año de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

Hoy se materializa la tercera entrega de los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2019, con la entrega de 871 nuevos informes en las auditorías realizadas y con las presentadas en el mes de octubre suman alrededor de 1 mil 400, las cuales que se podrán revisar en la página web de la auditoría”, refirió el auditor en un evento virtual en el que agradeció el apoyo para la presentación de esta entrega.  

El organismo auditor detectó irregularidades en el gasto por 67 mil 498 millones de pesos en el primer año de gobierno de AMLO. 

Además, el documento refiere que los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios de la actual Administración presentan un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en cuanto a contrataciones se refiere, están mal diseñados o se empezaron a construir antes de contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad. 

Entre los hallazgos principales, a los cuales puede accederse a través de la página oficial de la ASF, se encuentra el referente al Tren Maya, en cuyo caso, advierte que presenta riesgo de no ser rentable, pues el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) exageró las cifras de proyección de su uso para defender el plan, lo que implica un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión”.

También, afirma que no fue consultado debidamente a la población indígena, pues Fonatur hizo las asambleas informativas del proyecto en tan solo un día, y dejó fuera de la consulta a más de la mitad de las comunidades de la península de Yucatán (más de 2 millones de personas). 

Además, señala que es poco transparente en la adjudicación de contratos de obra, y que tiene pendiente por aclarar 156 millones de pesos.

Entre las irregularidades que se encontraron está la adjudicación injustificada de contratos en servicios de ingeniería básica, la incorrecta integración de precios unitarios; así como la duplicidad en pagos del personal directivo y técnico.

Se observaron además irregularidades en la liberación del derecho de vía, que generó una diferencia en los servicios pagados por 13 millones 190 mil pesos; y, debido a la falta de definición del trazo para la ejecución del Proyecto del Tren Maya se generaron gastos innecesarios por otros 6 millones 208 mil pesos.

Respecto a la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, subraya que inició obras antes de concluir los permisos ambientales correspondientes, lo que provocó que no se tomara en cuenta el riesgo de inundación y erosión que tiene el terreno donde actualmente se construye y no plantea soluciones a corto plazo para paliar los efectos que esto conlleve. 

La Auditoría detectó irregularidades en el gasto de 75 millones de pesos por pagos no aprobados, y/o por pagos en los que no se encontró una correspondencia entre el volumen de material y servicios contratados con los montos erogados durante el avance de la obra en 2019.

En lo referente a Santa Lucía, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada de la obra, no entregó toda la información al argumentar que se trata de una obra de seguridad nacional”, la ASF logró observar anormalidades que van desde que no se realizaron las estimaciones suficientes para determinar la viabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (lo que impide conocer si el proyecto será realmente rentable), hasta que hay obstáculos (antenas, torres, avisos, entre otros) que estaban cerca del aeropuerto y características del terreno que podrían afectar los procedimientos de vuelo” y existen subcuencas con posible aportación de escurrimientos en la zona del proyecto.

Aunado a ello, la ASF hizo otra auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y detectó que, a pesar de que el gobierno actual dijo que costaría 100 mil millones de pesos, el costo real será de al menos 331 mil 966 millones de pesos; el triple de lo prometido.

En el apartado de programas sociales, la ASF halló múltiples irregularidades en el desempeño y en el gasto de algo más de 126 millones de pesos de Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de las secretarías del Trabajo y de Educación.

Este programa tiene por objetivo entregar una beca económica a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen para que aprendan un oficio en un centro de trabajo. 

Sin embargo, la ASF determinó que el programa carece de mecanismos de control para verificar, monitorear y dar seguimiento tanto a los datos de los aspirantes a la beca, como de los Centros de Trabajo adscritos.

Los auditores detectaron que en el primer año de operación del programa hasta 68 personas recibieron más de 5 millones de pesos como beca, a pesar de que al momento de recibir los pagos habían fallecido.

La ASF también investigó una muestra de siete centros de trabajo en diferentes partes del país, donde supuestamente se capacitaron 718 jóvenes. Los auditores hallaron que cuatro de esos centros eran domicilios inexistentes o abandonados, o no tenían relación con el programa social.

Además, la ASF señaló un posible daño al erario por 50 millones de pesos por pagos realizados a más de 5 mil becarios que estaban inscritos a Jóvenes Construyendo al Futuro y que, al mismo tiempo, estaban recibiendo otras becas gubernamentales para que continuaran con sus estudios, lo cual contraviene la normativa del programa.

Sobre Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría de Bienestar, la ASF determinó que se dispersaron recursos por 4 mil 500 pesos mensuales, al menos en una ocasión, a 244 mil 657 sujetos agrarios, monto que les permitió contar con recursos superiores a la línea de bienestar rural establecida en 2 mil 008 pesos mensuales en ese año, para cubrir sus gastos alimenticios y no alimenticios, y preparar sus parcelas.

La Auditoría considera también que no está bien planeado, pues no identifica con precisión a la población objetivo; no se establecen los mecanismos para asegurar que, en la entrega de los apoyos, se priorizará a los sujetos agrarios jóvenes en edad productiva, a mujeres campesinas e indígenas, ni para realizar el seguimiento de la operación del programa, y tampoco los mecanismos de coordinación con otras dependencias y entidades para evitar duplicidad con programas sociales similares.

Encontró deficiencias en el padrón de beneficiarios y fallas en el establecimiento de la periodicidad de los apoyos a cada uno de ellos, además de que no se precisaron las áreas responsables, ni las atribuciones para la operación.

Tampoco se comprobó el acompañamiento técnico a los beneficiados, ni la formación permanente que recibieron los técnicos sociales y productivos.

Relativo a las Becas Benito Juárez, que tienen como objetivo garantizar el acceso a la educación a familias con problemas económicos y/o en exclusión social, hallaron irregularidades por casi 264 millones de pesos.

La ASF documentó que 72 personas recibieron 115 mil pesos de beca, a pesar de que al momento de obtener la ayuda ya habían fallecido. También se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos en el programa (sin especificar el monto total), y no se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios y a otros 458 prestadores de servicios profesionales por honorarios por 15 millones 855 mil pesos.

Sobre Pemex, establece que no se corrigió la situación y que tanto la producción como el almacenamiento tuvieron severas deficiencias. 

Advierte que en su primer año de gestión al frente de la empresa estatal, Octavio Romero Oropeza, registró pérdidas por 348 mil millones de pesos en 2019 y siguió sin estar en condiciones de ser rentable y generar valor económico para el Estado en ese año” además de que presentó una alta probabilidad de quiebra técnica”.

Las medidas llevadas a cabo por Pemex, en ese año, fueron insuficientes para dar una respuesta efectiva a los riesgos financieros, de crédito y operativos a los que se encontró expuesta la empresa, los cuales se siguieron materializando, ya que: a) no generó valor económico agregado ni rentabilidad en su operación; b) se continuó degradando su calificación crediticia, y c) se redujeron las reservas de hidrocarburos (petróleo y gas), la extracción y producción de éstos, así como el procesamiento de petrolíferos, gas natural seco, petroquímicos y fertilizantes”, sentenció el organismo. 

Refirió que tampoco pudo erradicar el robo de combustible, mejor conocido como huachicol, pues según dice, se reportaron 13 mil 54 tomas clandestinas en 2019, de las cuales fueron extraídos 2.2 millones de barriles de petróleo y 123 mil toneladas de gas, por un costo estimado a Pemex de 4 mil 334 millones de pesos.

Esta situación alarmante ocurrió un año antes de la caída brutal e histórica en los precios del crudo, que desencadenó la crisis económica global provocada por la pandemia de COVID-19 y sacudió todavía más las finanzas de la petrolera mexicana.

A todo esto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que están mal los datos de la ASF y son exagerados. 

“Sí exageran y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí, y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas”, señaló el Mandatario en conferencia de prensa. 

Veía yo a un articulista conservador hablando del aeropuerto, que había costado no hacerlo 300 mil millones de pesos, tomando como base lo que dijo la Auditoría”, dijo. 

“Entonces me gustaría que ellos aclararan ese dato, están mal, están exagerando, de ser así no hubiera costado 300 mil, sino 600 mil millones, el de Texcoco, y aún así nos ahorraríamos como 300 mil millones con el aeropuerto que estamos construyendo en Santa Lucía, yo espero que aclaren”, añadió. 

(Con información de El Universal, Proceso y Animal Político)

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