Presidenciables y Derechos Humanos

- Publicidad -

2018, un año nuevo comienza y, sin duda, no se trata de un año cualquiera ya que, en julio del presente, el sexagésimo séptimo presidente de México será elegido.

Todo indica que cinco candidatos estarán en la boleta. José Antonio Meade Kuribreña, el hijo pródigo de la tecnocracia, estará encabezando la coalición PRI-PVEM-PANAL bajo el denominativo “Meade, Ciudadano por México”; el “chico maravilla” blanquiazul, Ricardo Anaya Cortés, será el ungido de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, conocida como “Por México al Frente”; mientras que el mesiánico y conservador de “izquierda”, Andrés Manuel López Obrador, ahora abanderado por el partido que el mismo creó, MORENA, en coalición con la ultraderecha, el PES, y los sobrevivientes electorales del PT, buscará por tercera ocasión la presidencia de México; y finalmente, Margarita Zavala Gómez Del Campo, quien fuera primera dama con Felipe Calderón, y Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, inauguran la lista de presidenciables independientes.

Perfiles que, indudablemente, resultan muy distintos entre sí, con propuestas en ocasiones complementarias, pero también antagónicas. Sin embargo, a pesar de su ideología política o su visión de país, existe una agenda que debería ser común a todos ellos, y esa es la de los Derechos Humanos. En consecuencia, un cuestionamiento pertinente sería saber cuál de los aspirantes posee el mejor perfil en la materia. A continuación, unos breves comentarios al respecto.

Si bien ninguno de ellos es un activista o académico en la materia (y aclaro que tampoco estoy infiriendo que requerimos a uno como dirigente de la nación), son personajes extraídos enteramente del ámbito político y de la administración pública, sin embargo, su comportamiento en las precampañas, así como sus posicionamientos públicos, nos pueden dar una idea sobre su postura respecto a ciertos temas.

Al respecto, en el caso de AMLO, resulta evidente que, mediante su discurso, pretende vender a los electores que él es un hombre afín a los ideales de la izquierda por lo que, en teoría, debería ser el perfil más cercano a la defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, dicha afirmación está muy lejos de ser realidad.

En numerosas ocasiones, el señor López Obrador ha manifestado su oposición al aborto y ha sido tibio al pronunciarse respecto a las uniones matrimoniales entre miembros del colectivo LGBTTTIQ, llegando a ser en varias de sus declaraciones contradictorio en sus posicionamientos, generándole incluso reclamos públicos en sus eventos por parte de este colectivo. Además, su alianza electoral con el radical y ultraderechista Partido Encuentro Social, pareciera confirmar que AMLO no comulga con la diversidad sexual, ya que ha sido justamente este partido, el PES, el que abiertamente encabeza una encrucijada contra las uniones gay, declarando que el matrimonio es la institución básica en la conformación de la sociedad y defendiendo en tribuna el concepto de “familia natural”.

Asimismo, el discurso lopez-obradorista, se caracteriza por ser radical al denostar públicamente a ciertas clases sociales y el origen étnico, por ejemplo, utilizando términos como el de “pirruris blancos” para referirse a sus contrincantes políticos Meade y Anaya, lo cual es símbolo inequívoco de un discurso con tintes racistas y clasistas (cualquier similitud con Donald Trump es mera coincidencia), que lejos de unificar, divide y acrecienta el resentimiento social.

En lo que respecta al candidato tricolor, el Dr. Meade, si bien ha sido vitoreado por su trayectoria meteórica y su destacable preparación académica, parece ser que éste se encuentra falto de experiencia en el campo de los derechos humanos. Si bien, transitó por la Secretaría de Desarrollo Social con resultados aceptables, su paso por dicha dependencia no fue suficiente para conocer cómo viven y de qué carecen los grupos en situación de vulnerabilidad.

A mediados de diciembre del año pasado, manifestó públicamente que sería una “grandiosa” idea someter a los candidatos presidenciales a exámenes de salud mental, demostrando que, efectivamente, no tiene ni idea de que su declaración resultó revictimizante y estigmatizante para las personas con discapacidad, en especial para aquellas que viven con discapacidad psicosocial, ya que su afirmación contraviene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU (Artículos 8 y 12) así como al párrafo quinto del artículo primero constitucional al ser una declaración notoriamente discriminatoria.

Condenable en verdad su desatinado comentario, pero no solo por las razones antes expuestas sino que, especialmente, porque “Pepe” Meade es padre de un varón que vive con autismo, lo que debería en consecuencia hacer que éste fuera un candidato mucho más congruente, por lo menos en lo que respecta a los derechos de las personas con discapacidad, por su vínculo familiar (por cierto, esperemos que el flamante tecnócrata no olvide que en unos cuantos días más, México, estará presentado ante la ONU su informe periódico de cumplimiento sobre la Convención antes referida, ya que este año, será evaluado por segunda ocasión en la materia).

Del Bronco, tampoco hay mucho que decir, ya que en su corto tiempo como gobernador del estado de Nuevo León, su discurso se caracterizó por ser de corte misógino y homofóbico, y para muestra un botón.

Durante 2016, en un evento de la Red de Universidades Saludables, Jaime Rodríguez aseguró que “a una niña gorda no la quiere nadie”, haciendo referencia a los embarazos en mujeres adolescentes, recalcando inclusive que en cuanto a una mujer le comenzaba a crecer el vientre, los “chamacos” que tenían por pareja “las dejaban por otra”.

Asimismo, este personaje negó rotundamente que la desaparición de mujeres en Nuevo León fuera un problema, ya que éstas seguramente estaban desaparecidas porque se “habían ido con el novio” o bien éste, “se las había llevado sin permiso de los papás”. Por si fuera poco, el Bronco públicamente también llegó a aseverar, cuando se le cuestionaba sobre su postura respecto al matrimonio igualitario, que el matrimonio era exclusivo entre un hombre y una mujer y que el resto “eran zonceras”, y que el laicismo había destruido a la sociedad, razón por la cual los gobiernos debían trabajar en la fe. Sin lugar a dudas, es el Bronco el que se lleva las palmas al ser el más ignorante en materia de derechos humanos (afortunadamente, como el mismo Rodríguez Calderón aseveraría, “Dios aprieta, pero no ahorca”, y es él quien menos posibilidades tiene de ganar la justa electoral).

Sin embargo, de los dos independientes que, a la fecha, ya han conseguido las firmas necesarias para contender por la Presidencia de la República, tristemente no se hace uno, ya que Margarita Zavala no es el mejor ejemplo de una funcionaria con experiencia en la materia, no solo porque arrastra con ella el lastre del inicio de la crisis de derechos humanos que su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, inició con su fallida estrategia de combate al crimen, sino que la exmilitante del blanquiazul además, en sus eventos públicos, ha mostrado una falta de tacto total con miembros del colectivo de la diversidad sexual.

Basta con recordar el rechazo público grabado en video de la candidata, a Jennifer Aguayo y Nadia Garza, pareja lesbomaternal, quienes la cuestionaron durante un evento en Coyoacán sobre su postura relativa al matrimonio gay, a lo que esta respondió “yo creo en el matrimonio entre hombre y mujer, lo demás habrá que revisarlo”. Habría entonces que explicarle a la abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, desde el año 2015 determinó la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales en México en las tesis jurisprudenciales 43/2015 y 85/2015, lo cual quiere decir en términos coloquiales que “ya no hay nada que revisar”.

Finalmente, es Ricardo Anaya quien, sorprendentemente, ha sido más congruente en su discurso. Si bien es un hombre tradicional, no cabe duda de que públicamente este se ha conducido con cautela; a diferencia de sus opositores, Anaya se manifestó públicamente en contra de la Ley de Seguridad Interior y desde que era congresista, se caracterizó por hacer múltiples llamados públicos al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, aunque la evidencia apunta que el joven candidato es el que más simpatiza con la defensa y promoción de la dignidad humana, este no puede negar la cruz de parroquia.

Su estirpe panista (aunque no del bando conservador), sí le juega en contra al ser omiso respecto a ciertos temas que evita por completo y de los cuales procura no pronunciarse, tales como el aborto (asumiéndose abiertamente como un férreo defensor de la vida) o la orientación sexual (con respecto de la cual su postura es más bien moderada, ya que lo respalda bajo el argumento de que el matrimonio igualitario ya goza de reconocimiento constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia).

Así las cosas, habría que preguntarse entonces ¿quién es el bueno en derechos humanos? Desafortunadamente, la respuesta es un tanto desoladora y es que el planteamiento correcto sería ¿quién de los cuatro es el menos malo?

México padece desde hace muchos años, un déficit de políticos comprometidos con la ciudadanía, haciendo que nos conformemos con funcionarios medianos, llegando al grado de aplaudir que un funcionario público haga su trabajo, cuando no debería ser visto como ningún mérito, toda vez que se les paga muy bien y no nos hacen ningún favor, ya que esa es su obligación.

A manera de ejemplo y anecdotario de clausura, leía sorprendido el 17 de diciembre de 2017 en el twitter de la Senadora Angélica de la Peña que ésta, ante los álgidos debates sobre la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, aplaudía que la CNDH había anunciado que impugnaría dicha ley, manifestando que ésta hacía lo correcto clamando lo siguiente: “Por fin tenemos #OmbudsmanNacional !!!!” (cita textual extraída de su red social). Quiero creer que la hoy Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, se encontraba un tanto confundida al twittear semejante obviedad, ya que no se le debe aplaudir a la CNDH que lo haga, ya que el mandato constitucional emanado del Apartado B del Artículo 102 de la Carta Magna exige al ompudsperson nacional el hacerlo, quien además no lo hace gratis, ya que percibe un salario neto mensual de $197,689.00 M.N.

No culpo a la Senadora De la Peña, por el contrario, se le agradece su efusividad; como diría Ortega y Gasset, ella solo es víctima de su circunstancia y esa es la misma que la de la mayoría de la población mexicana, la de aplaudirle a nuestros funcionarios por hacer su trabajo en lugar de exigirles resultados.

Ahora que arranca la carrera por la presidencia de México, exijámosle a los aspirantes una agenda de derechos humanos efectiva, que de solución real a la problemática nacional, que le devuelva la voz a la gente y el poder sobre los que eligen, porque al final es el Presidente de México un empleado del pueblo, y como jefe de este, le exigimos resultados, sobre todo, en materia de derechos humanos.

Comentarios