Presenta Inegi controversia constitucional ante SCJN por ley de salarios

El organismo también está inconforme con la reducción a su presupuesto para 2019

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También el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las inconformidades que tiene con la recientemente aprobada Ley de Remuneraciones, la cual establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, es decir, 108 mil pesos mensuales.

El organismo presentó este jueves una controversia constitucional por dicha Ley y por el recorte que en 2019 sufrirá el organismo.

“Con la finalidad de defender la autonomía otorgada por la Constitución a este Instituto, así como la esfera competencial que las leyes reglamentarias le otorgan, el Inegi presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional”, señaló el Instituto en un comunicado. 

Además, el organismo lamentó la aprobación de los tabuladores para su personal en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues en el caso del Inegi debe considerarse su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica.

El Inegi señaló que el recorte se hizo sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.

Por ejemplo, hubo necesidad de eliminar 14 proyectos estadísticos este año.

“(El recorte) impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”, indica el organismo.

Inegi se dijo respetuoso del marco constitucional y de las disposiciones legales vigentes.

“En consecuencia, está aplicando lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y acatará la determinación que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, refiere.

Cabe señalar que, desde que dicha ley fue aprobada, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Banco de México presentaron controversias constitucionales ante el máximo tribunal de justicia, no obstante que a los dos primeros ya se las rechazaron.

(Con información de Milenio y Reforma)

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