Premiar a los malandros

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El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que el sistema judicial en México no está funcionando.

Considera que tiene que reformarse, pero asegura que no serán ellos quienes presenten una iniciativa para hacerlo.

“La reforma a los poderes tiene que darse por iniciativa propia… sin injerencia del Poder Ejecutivo”, dijo claramente el tabasqueño a principios de septiembre.

Sin embargo, a lo largo de sus primeros nueve meses de gobierno, el presidente y su equipo han tomado decisiones, presentado iniciativas y levantado denuncias, que hacen suponer lo contrario.

Que ellos, siempre sí, quieren tomar cartas en el asunto.

Algunas de las medidas que han emprendido, van con el sello de la casa: la contradicción.

Los contrastes, han sido diversos.

Se manifestaron en contra de las resoluciones judiciales que derivaron en la liberación de involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ocurrida hace cinco años en Iguala, Guerrero.

Su gobierno, incluso presentó denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de los juzgadores que fueron autores de dichas resoluciones, poniendo con esta acción en entredicho la división de poderes.

También, desde la Secretaría de Gobernación propusieron a grupos de autodefensa inyectar recursos a proyectos como la agroindustria en Michoacán y la maquila en Tamaulipas para beneficiarlos, aun cuando algunos de sus movimientos han sido infiltrados por el crimen organizado.

Y no solo eso, sino que su administración promovió el aumento de recursos en 2019 para algunas de las universidades públicas estatales que estuvieron involucradas en la trama de desvíos de recursos públicos conocida como La Estafa Maestra, aun cuando es sabido que a través de ellas, con su anuencia y participación, se otorgaron contratos a empresas fantasmas.

Su autonomía no las exime de ser auditadas, pero parece que la amnistía propuesta por el Gobierno también quiere alcanzarlas.

Y es precisamente este último punto al que quiero llegar.

Por un lado, el gobierno del Peje engrosa el listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, delitos en materia de desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Por otro, plantea la amnistía como una reforma emblema de su administración.

Que en la cárcel no haya nadie injustamente, propone.

Pero, ¡¿quién redactó ese bodrio?!

No hay que ser ni muy especializados, ni muy inteligentes, para saber que los delitos por los que pretenden amnistiar, son más que nada del fuero común: aborto; delitos contra la salud, cuando los cometan personas en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, por indicación de la pareja, pariente, por temor infundado u obligado por grupos de la delincuencia organizada; consumidores de drogas que hayan poseído hasta dos veces la dosis máxima de consumo personal; indígenas que no contaron con un intérprete o defensor con conocimiento de su lengua y cultura durante sus procesos judiciales; robo simple sin violencia, y delito de sedición.

En la propuesta, quedan fuera quienes cometieron actos de terrorismo, secuestro, lesiones graves u homicidio.

¿O sea? Las mujeres encarceladas por abortar, en el mayor número de casos, están acusadas de homicidio. Entonces, ¿son o no candidatas a la amnistía del Peje?

Una propuesta algo incongruente, ¿no?

¿Se violará la soberanía de los estados para imponer a nivel local la propuesta del Ejecutivo federal?

Eso todavía, está por verse.

Ojalá que las buenas intenciones no se conviertan en malas decisiones.

Mientras tanto… zapatero, ¡a tus zapatos!

E insisto, que la fuerza de algún experto, los acompañe.

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