Policía Federal detectó desvíos millonarios en obras del NAIM

Materiales de construcción y empresas que los transportaron fueron elegidos sin licitación de por medio y a sobreprecio. Además de que los directivos que avalaron su adquisición tienen relación con los sindicatos que limitaban el acceso de material al lugar de la obra

NOTIMEX/FOTO/JAVIER LIRA
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La Policía Federal entregó recientemente un informe a autoridades judiciales, respecto a un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos de los recursos que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) tenía destinados para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

La investigación es referente a la compra y el transporte de materiales de construcción como tezontle y basalto adjudicados directamente a empresas y sindicatos relacionados con Raúl González Apaolaza, ex director general de Obra del NAIM, y Carlos Noriega, ex director general de Administración del GACM.

Además, la Policía Federal señala la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director General del GACM.

Las conclusiones de dicho informe fueron entregadas en el mes de noviembre al Órgano Interno de Control (OIC) del GACM, a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Al momento de entregar el informe, fechado el 06 de noviembre de 2018, ya se encontraba en funciones el actual director del GACM, Gerardo Ferrando Bravo. De igual forma, se envió copia al entonces Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales.

El informe detalla que sindicatos y empresas supuestamente controladas por González Apaolaza resultaron beneficiadas por un monto superior a 17 mil 500 millones mediante el monopolio de viajes de carga, y la compra de material al grado tal que, según testimonios de trabajadores en la obra, su ingreso al terreno solo ocurría con previa autorización del sindicato y mediante el pago de un porcentaje.

Sobre los precios pagados a las minas, versus en el mercado mayoreo y menudeo, por el volumen estimado en 8 millones de metros cúbicos que ingresaron, (las compras) no se dieron en las mejores condiciones disponibles, en cuanto precio, calidad y financiamiento.

Se establece, de la investigación de la Dirección Corporativa Lado Tierra de GACM, la presunción de que deliberadamente no se contrató la operación del tren de Ferromex que está en la parte trasera del polígono y el equipo transportador de material instalado, a sabiendas del volumen del material que ingresaría a la obra y de los centros de acopio que hay cerca de las minas, como lo informó personal del sindicato, ya que este medio de transporte hubiese reducido considerablemente el costo del transporte de los materiales, así como los tiempos de entrega.

Prácticamente se pagó por tres veces el valor del tezontle por transportarlo, pues el precio pasó de 50 pesos el metro cúbico a 200 pesos, mientras que el basalto llegó a los 300 pesos, ambas cantidades multiplicadas por los 8 mil metros cúbicos de la superficie.

De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la compra de material de construcción se calculó para una superficie total de 35 mil 448 millones de metros cúbicos, lo que implica un pago de más de 17 mil 724 millones de pesos de tezontle a 200 pesos el metro cúbico, y basalto, a 300 pesos el metro cúbico.

Además, en 2017 la Auditoría Superior de la Federación documentó que en nivelación, limpieza del terreno y construcción de caminos provisionales de acceso se autorizaron pagos por 3 mil 603 millones 200 mil pesos entre el 01 de febrero y el 31 de marzo, solo por el suministro y la colocación de 392 mil 570.42 metros cúbicos de tezontle.

De acuerdo con la PF, de estas acciones se denota “una acción concertada entre funcionarios y sindicatos que se podría tipificar como delincuencia organizada con el fin de crear un monopolio de transportes de los materiales a los precios que ellos establecieron y solo mediante el uso de sus camiones”.

De las irregularidades observadas por la Policía Federal, la investigación incluyó una revisión en las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios de GACM en las que detectaron omisiones y adquisiciones que no coinciden con la realidad.

Se señala que Apaolaza incurrió en conflicto de interés al no declarar que es miembro del Sindicato de Trabajadores del Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SITRAM), cuyo líder es Máximo Telmo Reyes Vilchis, al igual que Humberto Pérez Piedra, coordinador de GACM, quien sostuvo diferentes reuniones con Hugo Bello Valenzo, líder del Sindicato Libertad.

Dichas organizaciones, según el documento, son las que controlaban la venta de material de construcción y su transporte al interior del terreno en el que se construiría el NAIM.

No obstante, Apaolaza rechaza ser parte del organismo sindical.

“Yo creo que hay una confusión porque en años anteriores pertenecí a otro sindicato, pero me di de baja cuando me dieron mi nombramiento en Grupo Aeroportuario, pero no tiene ninguna relación con el SITRAM; son totalmente ajenos”, afirmó.

Sobre la relación con Reyes Vilchis, dijo que lo conoce porque hace 50 años jugaron futbol americano en el Instituto Politécnico Nacional.

Debido a que Carlos Noriega Romero fue director General de Administración del GACM, relevado por haber rentado oficinas en Altavista y Periférico Sur por medio millón de pesos al mes, la Policía Federal revisó sus declaraciones patrimoniales en las que detectó que adquirió a crédito una propiedad de 4 millones 920 mil pesos. Dicha compra, según el documento, fue realizada cuando Noriega Romero era subdirector general de Planeación del Infonavit, por lo que concluye que sus finanzas y las de González Apaolaza deben ser auditadas.

Derivado de la investigación, el nombre del exdirector de GACM, Manuel Ángel Núñez Soto, surgió sin que se le vinculara directamente con las irregularidades atribuidas principalmente a González Apaolaza y los sindicatos.

La Policía Federal detectó que, en su caso, tiene relación con empresas declaradas inexistentes, además de que reveló la posesión de un inmueble en la zona de San Ángel, en CDMX, cuyo valor reportó en más de 9 mil millones de pesos, lo cual no corresponde con la realidad.

Por esta razón, la Policía Federal concluyó que los bienes de Núñez Soto deben ser auditados.

Núñez Soto precisó que el predio al que se refiere la Policía Federal se trata de su domicilio particular, mismo que tuvo un costo de 9 millones 750 mil pesos, y no 9 mil millones. “No sé de dónde salió ese dato”, precisó.

(Con información de El Universal)

08 julio 2015.- Manuel Ángel Núñez Soto y Gerardo Ruiz Esparza

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