Poder judicial enfrentará legalmente reformas de AMLO

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Los jueces y magistrados federales del país enfrentarán con recursos legales las reformas aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión que, a su consideración, violentan la autonomía del Poder Judicial de la Federación. 

Los funcionarios judiciales ya tienen lista una “demanda de amparo modelo” que utilizarán para echar atrás lo aprobado en días recientes por la bancada de Morena en el Congreso de la Unión.

Fuentes judiciales aseguraron que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación puso a disposición de todos los juzgadores la demanda, en la que se propone combatir desde ahora los estatutos y diversas iniciativas de reformas, por estimarlas violatorias de la independencia y autonomía del poder judicial y, por lo tanto, contrarias a la Constitución y los tratados y convenciones internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.

“Este es el inicio de una defensa integral que se desarrollará estrictamente dentro de los cauces legales que ofrece nuestro orden jurídico, frente a un conjunto de iniciativas que desconocen la autonomía constitucional del Poder Judicial de la Federación, que pretende establecer una intromisión indebida y sistemática en el funcionamiento de un órgano independiente en franca contravención al principio de división de poderes.

“Estas leyes e iniciativas se han acompañado de una corriente generalizada de descrédito al Poder Judicial de la Federación y a todos los juzgadores que no corresponde a la realidad y podría afectar la confianza y credibilidad ciudadanas en la administración de justicia con graves daños a la estabilidad social”, señala el documento presentado por los miembros del poder judicial.

Lo anterior, aunado a que, de manera individual, jueces y magistrados han promovido amparos, por ejemplo, contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que establece que nadie puede ganar más que el próximo presidente de la República. 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que la mencionada ley es inconstitucional. El recurso ya fue admitido por el máximo tribunal.

(Con información de Milenio)

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