Piden ONG evitar que Segob opere estaciones de radio y TV

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Organismos de la sociedad civil, académicos, especialistas y periodistas hicieron un llamado al Senado de la República y al Gobierno federal para frenar los cambios aprobados por la Cámara de Diputados en los que se faculta a la Secretaría de Gobernación (Segob) para regular y operar estaciones de radio y televisión.

A través de un posicionamiento suscrito por al menos 42 ONG, consideraron que dicha dependencia federal no debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación “y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión”.

Por lo cual, demandaron a la Cámara Alta que detenga la “contrarreforma”.

Los organismos de la sociedad civil denuncian que en los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) aprobados recientemente por la Cámara de Diputados, se establece que la Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional (fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF), lo cual representa un retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

“Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo”, detalla el documento.

Lo correcto, según refieren, es obedecer a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión, los cuales establecen que la regulación de los medios quede a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y los medios públicos estén libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos.

Además, advierten que en la minuta aprobada por la mayoría de Morena en la Cámara Baja, se otorgan atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del Gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables”, facultad que, al no estar acotada deja abierta la posibilidad de que se definan así políticas para usuarios y operadores de tecnologías digitales, lo cual le corresponde exclusivamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Hoy en día todos los medios públicos en México deben tener consejos ciudadanos, defensores de las audiencias y recursos suficientes para cumplir con su desempeño, la reforma que los concentraría y subordinaría a la Secretaría de Gobernación va a contracorriente de la democracia y del carácter público de tales medios”, alertaron los organismos.

El documento lleva el respaldo de organismos como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), México Evalúa y Fundar, así como que el de 140 firmantes “a título personal”, entre quienes destacan los intelectuales Aleida Calleja, Juan Pardinas, Sergio Aguayo y Gabriel Sosa Plata.

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