¿Qué pasará con Peña Nieto?

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El pasado 30 de mayo en este mismo espacio, advertíamos que la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya y todo lo que el caso involucraba, podría convertirse en el parteaguas entre el punto final y las acciones socialmente demandadas; que ya era tiempo, justo y necesario, que se emprendiera una lucha frontal contra la corrupción del pasado, para eliminar cualquier vestigio de impunidad; los sucesos de las últimas tres semanas indican que la ruta está trazada.

La noche del 10 de junio, el exdirector de Petróleos Mexicanos, difundió un comunicado en el que informó que no comparecería ante un juez por los delitos que se le imputan.

Lo anterior, según afirmó, es porque, desde su punto de vista, no existen condiciones ni garantías legales para preservar su libertad en caso de que se presente en el Reclusorio Norte ante el juzgador que emitió la orden de aprehensión en su contra.

Lozoya Austin considera que hay una persecución política en su contra y cree que al presentarse ante el juez, como lo ordenó el juez federal que frenó su aprehensión, será solicitado que se le dé prisión preventiva por delitos que no lo ameritan:

“Es claro que si me presento ante el Juez de Control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia, tengo todo el derecho de cuidar mi libertad ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada en mi contra”, agregó.

En la misma misiva manifestó que en el momento que la Fiscalía General de la República le dé las garantías a las que dice tener derecho, de inmediato está dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos, y aclarará qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga.

Mientras tanto, dijo, sus abogados se harían cargo de dar seguimiento al proceso.

De tal forma, el pasado lunes, la suspensión definitiva de la que gozaba y que no permitía su captura, le fue retirada por incumplir con las condiciones procesales, que incluían su presentación en el juzgado y el pago de la fianza que le habían impuesto por 500 mil pesos.

Su abogado Javier Coello Trejo, afirmó el mismo lunes, en entrevista telefónica con Notimex, que el exdirector de Pemex continúa en la Ciudad de México, aceptó que el exfuncionario federal puede ser arrestado en cualquier momento, pero descartó que vaya a ser detenido porque “no lo van a encontrar”.

Coello Trejo consideró “lógico” que fuera retirada la suspensión definitiva contra su aprehensión, toda vez que no compareció la semana pasada ante el juzgador.

Sin embargo, señaló que “el juicio de amparo continúa y vamos nosotros a presentar todas nuestras pruebas en virtud de que la Fiscalía nunca nos citó para poder defendernos”.

Informó además que se agotarán todas las vías legales en su defensa y añadió que el exdirector de Pemex se encuentra en buenas condiciones de salud, aunque “dolido”, porque es injusto todo lo que le están imputando y “lo vamos a probar”.

Es una persecución política, reiteró, “es más política que legal”, tal y como lo expresó la semana pasada en una misiva Lozoya Austin. Dijo que esa persecución no es de este gobierno “obviamente”, aunque no nos consta del anterior.

“Usted lo verá el lunes próximo cuando yo dé a conocer lo que me ordenó hacer”, declaró el abogado Coello Trejo en la entrevista.

Cabe recordar que el abogado de Emilio Lozoya, ya había afirmado que su defendido no firmó el contrato de la venta de Agronitrogenados ni de Fertinal, ya que dicha operación tuvo que haber sido aprobada por el Consejo de Administración de la paraestatal, integrada por diversos secretarios de Estado, quienes estaban bajo el mando del entonces presidente Enrique Peña Nieto, a quien se refirió como “no se movía una hoja sin el mandato del presidente”.

Para sorpresa de muchos, el martes pasado, El Universal sacó en su versión impresa y a ocho columnas la información de que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto está siendo investigado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en la adquisición de Fertinal, una planta chatarra de fertilizantes en perjuicio de Petróleos Mexicanos.

Se presume que el Departamento de Justicia de ese país y la Securities and Exchange Commission (SEC), tienen en su poder las declaraciones de un “informante” que involucran al exmandatario con un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Pemex en 2015.

Peña Nieto habría sido presuntamente sobornado para autorizar la compra de la empresa privada con un abismal sobreprecio en perjuicio del patrimonio de la petrolera y del erario público, a pesar de que su Administración recibió advertencias de las autoridades competentes sobre la quiebra que presentaban los reportes financieros de la compañía, que incluía una deuda bancaria de 264 millones de dólares. Pese a ello, Emilio Lozoya, determinó la compra de Fertinal por 635 millones de dólares.

En su declaración a la SEC, el informante precisó:

“El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno (a Peña Nieto) que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación de compra-venta. Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno”.

Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC sostienen que la operación de compra-venta de Fertinal está sujeta al Foreign Corrupt Practices (FCPA), porque Pemex cotiza en el mercado de valores estadounidense y el público inversionista lo centra en su jurisdicción; por lo tanto Pemex está sujeta a las leyes de la Unión Americana y la SEC es la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de hacerlas cumplir.

En este caso, el presunto soborno a Peña Nieto es investigado por posible detrimento en el patrimonio de Pemex así como de los tenedores de bonos; de comprobarse, de acuerdo a los lineamientos de la FCPA, se le podría castigar con cárcel.

Adicionalmente, podrían existir presuntos delitos por utilizar el sistema bancario de Estados Unidos para el pago de sobornos.

De acuerdo a la investigación, la SEC prepara un informe detallado con respecto a las irregularidades en esta operación que harán llegar al gobierno mexicano.

Ante los hechos, el presidente López Obrador fue cuestionado el mismo martes y afirmó que sí se indagará la probable responsabilidad del expresidente Peña Nieto en la compra de una planta de fertilizantes, adquirida con un sobreprecio millonario; “No puede haber impunidad. Nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie. La investigación está abierta”, afirmó.

La mesa está puesta para que, sin ser una cacería de brujas, se investigue al expresidente más corrupto que ha tenido este país, el caso de Fertinal puede ser solo el picaporte para abrir la cloaca.

Esta es, sin duda, una oportunidad histórica para demostrar que “por encima de la ley, nadie”; sería un grave error mantenerse a la expectativa de lo que vaya a ocurrir con la investigación y el proceso judicial que se siga en nuestro país vecino; Peña Nieto debe ser investigado en México y con apego a derecho, pagar por los delitos que haya cometido.

Sería también una oportunidad para borrar del tablero político el “pacto de impunidad” que aparece una y otra vez como un fantasma que persigue y ensombrece la transformación de este país.

Esta decisión señor presidente, no sería de venganza, de persecución o de cacería, sería una decisión de justicia plena y con un valor político sin desperdicio para su gestión.

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