El parteaguas de Emilio Lozoya

12 de septiembre de 2013.- Emilio Lozoya y Alonso Ancira
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“Pero mire, lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, afirmaba Emilio Lozoya la noche del jueves 26 de octubre de 2017 en la Academia Mexicana de Derecho Internacional, donde se mostró muy sereno.

Lozoya Austin asistió como invitado de su abogado, Javier Coello Trejo, quien esa noche ingresó como miembro de número en la Academia.

Su tesis de ingreso a este miembro colegiado se tituló: “México inseguro: impunidad y corrupción en el entorno internacional”, el exdirector de Pemex, era la antítesis del invitado perfecto.

El evento inició horas después de que ambos fueran a la Fepade para conocer la carpeta de investigación por la denuncia en su contra del PRD, un tema que derivó en la destitución del fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, el ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Le preguntaron cómo le había ido en la mañana en la Fepade, y ahí soltó la exabrupta respuesta que daba cuenta de su ánimo ante las investigaciones por el escándalo de Odebrecht:

“No, pues yo estoy muy tranquilo, aquí estoy. No tengo nada, la verdad en lo jurídico, por qué preocuparme. Pero pues sí, es lamentable lo que ha sucedido los últimos meses, cómo la gente puede tirar piedras impunemente, ¿no? Pero mire, lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”.

En ningún momento pensó, el niño mimado y tal vez el personaje más protegido de Peña Nieto, que su manto protector pudiera fisurarse 19 meses después con una inhabilitación por diez años para ocupar un cargo público, el congelamiento de sus cuentas bancarias en México y probablemente en el extranjero, así como una orden de aprehensión en su contra; el encanto había terminado.

En la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya (a quien ya se le concedió una suspensión provisional) y la detención de la Interpol, el martes pasado en España, de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, existen dos sólidas vertientes:

El escandaloso fraude en la compra con un sobreprecio exorbitante por parte de Pemex en 2014, siendo Lozoya su director, de la empresa Agro Nitrogenados y más tarde en enero de 2016 de Fertinal, que eran propiedad de Ancira, a pesar de que diversas publicaciones habían denunciado que en el caso de la primera, la planta de Pajaritos tenía una antigüedad de más de 30 años, 14 sin operar y que se encontraba prácticamente en estado de chatarra; y en el segundo caso por el alto costo de una empresa que operaba muy por debajo de su capacidad; contando con el aval y conocimiento del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, presidido por el entonces secretario de Energía peñista, Pedro Joaquín Coldwell.

Y/o el lavado y la triangulación de recursos, un mes después de la transacción, en la que Altos Hornos de México transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas offshore que Odebrecht presuntamente utilizaba para pagar los sobornos en varios países (en su momento, la acerera respondió que estos pagos correspondían a la cancelación de un contrato suscrito con esa firma, por asesorías para la ampliación de las siderúrgicas en Monclova, Coahuila); cuenta que a su vez transfirió 5 millones de dólares a Zecapan, empresa que los directivos de Odebrecht afirman que les proporcionó Emilio Lozoya para que le pagaran sus “servicios”.

Ante los hechos, en primera instancia, esperemos que los expedientes armados en contra de ambos personajes sean sólidos, perfectamente estructurados y respetando el debido proceso para que ningún juez, por las argucias legales que le conocemos al abogado Javier Coello, pueda desestimar los casos y terminen de nueva cuenta, impunemente protegidos.

En segundo lugar, que este sea el inicio para desenmascarar todo el putrefacto entramado alrededor de la multicorruptora empresa brasileña Odebrecht, pues la historia va más allá de la innegable participación de Peña Nieto y su indispensable comparecencia.

Todo indica que las implicaciones económicas son mucho más grandes de lo que los propios brasileños confesaron, remontándose a la administración de Felipe Calderón y justamente en la persona de José Antonio Meade, quien avaló en febrero de 2010 (a pesar de haber sido advertido del terrible riesgo) el contrato entre Pemex, en su carácter de presidente del Consejo de Administración por ser secretario de Energía, y Braskem, filial de Odebrecht, para que en conjunto con la empresa mexicana Idesa pusieran en marcha la planta Etileno XXI al sur de Veracruz, en dicho contrato Pemex le vendió su alma al diablo al comprometerse a suministrarles 66 mil barriles diarios de etano por 20 años.

Tan solo en 2016, cuando comenzó a operar la planta, el costo de producción y traslado de etano a la planta de Etileno XXI, en la zona de Coatzacoalcos fue de 3 mil 123 millones de pesos, pero Braskem-Idesa pagó solo mil 188 millones de pesos por el producto, es decir Pemex perdió mil 935 millones de pesos, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo a ese contrato, Pemex importaría 720 mil toneladas de gas etano entre 2018 y 2020, a fin de cumplirle a Braskem, a la que le ha vendido el insumo a solo el 38 por ciento de su valor.

Y finalmente, desde mi óptica la más importante, es que más allá de lo que algunos podrían denominar como una cortina de humo, este pueda ser el inicio de una lucha frontal contra la corrupción del pasado, para eliminar cualquier vestigio de impunidad; un reclamo social del que hemos sido partícipes desde el inicio de la cuarta transformación.

Emilio Lozoya, el niño mimado y tal vez el personaje más protegido de Peña Nieto, podría convertirse en el parteaguas sin desperdicio, entre el punto final y las acciones socialmente demandadas, ya era tiempo, justo e indispensable.

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