PAN y Morena exigen que se investigue al embajador Francisco Arroyo

El diplomático del PRI se encuentra en la mira de las autoridades por haber ocultado millones de delares en un banco de Andorra.

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La legisladora Sandra Luz Falcón de Morena pidió que se retire del cargo a Francisco Arroyo Vieyra como embajador de México en Uruguay, pues esta semana se supo que el ex senador y ex presidente de la Cámara de diputados, recibió 1.2 millones de dólares por parte del despacho capitalino Salinas Arrambide y Asociados, los cuales ocultó en un paraíso fiscal en Andorra, por lo cual entregó un contrato mediante adjudicación directa al mismo bufete mientras presidía la Mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Por el momento tanto presidencia como la Secretaría de Relaciones Exteriores no han emitido una postura oficial al respecto de la investigación que dio a conocer el diario español El País.

No obstante este jueves en San Lázaro, el diputado priista Ricardo Ramirez defendió a Arroyo pues dijo que “no hay nada que esconder” ya que “está declarado en los impuestos debidamente pagados”.

Ramirez, quien es oriundo de Guanajuato al igual que su compañero de partido, señaló que las revelaciones del diario son “falsas, temerarias y sin sustento”.

Por el otro lado, los diputados de Acción Nacional se sumaron a la exigencia de transparencia, por ejemplo Enrique Corona Rodríguez, quien señaló que como Arroyo fue presidente de la Mesa directiva “pudo haber un conflicto de interés”.

Corona quien también representa a Guanajuato explicó que Arroyo debe rendir cuentas ante la justicia.

Organizaciones civiles como Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), también han alzado la voz en cuanto al tema y Alexandra Zapata de dicha organización explicó que “esto coincide con una política de designar a funcionarios impresentables que son cercanos al actual Gobierno”.

Zapata afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha encargado de privilegiar a los políticos por encima de los diplomáticos que cuentan con carrera dentro de la SRE.

Arroyo, quien es un viejo lobo del mar del PRI, se coló hasta la Cancillería tras dejar su puesto como legislador en la pasada legislatura, por lo que ahora el IMCO lo acusa de haber incurrido de forma evidente en un conflicto de interés al otorgar un contrato directo al despacho de abogados con el que había litigado.

En su defensa Arroyo dijo que había sido un error haber realizado el cobro en Andorra, pero que ya había trasladado el dinero a México para pagar los impuestos correspondientes, aclarando que el pago fue por un trabajo del cual no quiso revelar su naturaleza por “secreto profesional”.

Como muchos otros funcionarios de la Cancillería, Arroyo no ha transparentado sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de pago de impuestos, a pesar de que la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo vuelve obligatorio para todos los funcionarios a partir de julio de este año.

(con información de El País)

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