Odebrecht, más allá de una “Estafa Maestra”

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Después de que el tercer debate presidencial transcurrió sin pena ni gloria, sin aportaciones ni planteamientos claros y congruentes, sin idea de cómo hacer lo que quieren hacer, con grandes lagunas y un sinnúmero de ataques cruzados de mierda, la realidad apunta a una nueva transición cuyo gobierno no puede dejar impune – los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil debemos exigir que así ocurra – los casos emblemáticos de corrupción del sexenio, de entre los cuales muy probablemente el de mayor impacto e implicaciones, tanto políticas como económicas, sea Odebrecht.

De acuerdo a un texto publicado en el New York Times esta semana, el Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a diversos funcionarios en relación con este caso, que es considerado como uno de los escándalos de corrupción más importantes en la historia de América Latina.

Según el diario estadounidense, las autoridades oficiales se están rehusando a presentar cargos porque podrían perjudicar al PRI y a su candidato, José Antonio Meade, previo a las elecciones presidenciales, de acuerdo al testimonio de tres personas con conocimiento directo del caso.

A pesar de que el consorcio brasileño de la construcción ha admitido pagar casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales en una docena de países y las consecuencias de las investigaciones en el continente han tambaleado administraciones completas, incluyendo presidentes destituidos, altos funcionarios encarcelados y otros en procesos penales en curso; el Gobierno de México ha decidido mantener un blindaje absoluto alrededor del caso, convirtiéndose así en una de las dos excepciones de los países involucrados de acuerdo a las confesiones de los altos funcionarios y del dueño de Odebrecht; la otra es Venezuela.

Siempre hemos sido testigos de lo que sucede con los casos políticamente delicados y la justicia mexicana, sin embargo, el caso de Odebrecht está rompiendo parámetros y la única razón por la cual se encuentra con documentos sellados, investigaciones incompletas, información clasificada, ni un solo procesado y bajo el más estricto blindaje es que trastoca múltiples intereses alrededor de PEMEX y el círculo rojo del poder.

Desde que explotó el escándalo de Odebrecht a nivel mundial a finales de 2016, cuando, en un arreglo extrajudicial de miles de millones de dólares, la compañía reveló a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil su modus operandi y confesó en qué países había operado; se empezaron a filtrar detalles sobre el papel de México en dicho escándalo, la información se ha centrado en Emilio Lozoya Austin, uno de los principales allegados y aliados del presidente Peña Nieto desde su equipo de campaña en el 2012, y durante su gestión como director de Pemex, tras la llegada del mexiquense a la Presidencia.

La probable implicación de Emilio Lozoya como receptor de más de diez millones de dólares de la constructora brasileña para presuntamente contribuir a la campaña electoral, a pesar de lo explosivo que pudo sonar en un inicio, podría ser “peccata minuta” en todo el entramado, a pesar de que el 20 de octubre de 2017 el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, quien osó investigar ese vínculo PRI-Lozoya-Campaña 2012-Odebrecht, terminó destituido.

Así como él, el ex procurador General de la República, Raúl Cervantes, quien supervisó personalmente el caso estando al frente de la dependencia y que viajó a Brasil para intercambiar información y evidencias con las autoridades locales y de algunos otros países, renunció el 16 de octubre de 2017 declarando públicamente que había concluido la investigación.

Su sucesor, aunque solo como encargado de despacho, no como procurador, Alberto Elías Beltrán, ha sido contradictorio con aquella declaración pues ha mantenido la versión de que la investigación se mantiene en curso y por lo tanto se tiene que guardar un silencio absoluto por secrecía del debido proceso.

Pero la historia va más allá y todo indica que las implicaciones económicas son mucho más grandes de lo que los propios brasileños confesaron, remontándose a la administración de Felipe Calderón y justamente en la persona de José Antonio Meade, quien avaló en febrero de 2010 el contrato entre Pemex, en su carácter de presidente del Consejo de Administración por ser secretario de Energía, y Braskem, filial de Odebrecht, para que en conjunto con la empresa mexicana Idesa pusieran en marcha la planta Etileno XXI al sur de Veracruz, en dicho contrato Pemex le vendió su alma al diablo al comprometerse a suministrarles 66 mil barriles diarios de etano por 20 años.

En 2016, cuando comenzó a operar la planta, el costo de producción y traslado de etano a la planta de Etileno XXI, en la zona de Coatzacoalcos fue de 3 mil 123 millones de pesos, pero Braskem-Idesa pagó solo mil 188 millones de pesos por el producto, es decir Pemex perdió mil 935 millones de pesos, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo a ese contrato, Pemex importará 720 mil toneladas de gas etano entre 2018 y 2020, a fin de cumplirle a Braskem, a la que le ha vendido el insumo a solo el 38 por ciento de su valor.

La importación será para surtir etano a las plantas petroquímicas de Cangrejera, Pajaritos y Morelos, a las cuales la empresa productiva ya no puede abastecer completamente, por destinar el producto a la filial de Odebrecht, EL COSTO SERÁ DE MÁS DE 4 MIL 500 MILLONES DE PESOS.

A principios de año la ASF recomendó a Pemex modificar las condiciones del acuerdo suscrito con Braskem-Idesa, pues era inviable surtir 66 mil barriles diarios a Etileno XXI durante 20 años, porque la producción iba en descenso y la relación entre el precio convenido y el costo real termina siendo un subsidio del 62 por ciento, en las condiciones actuales del mercado.

Desgraciadamente, el leonino contrato es muy claro: en caso de no cumplir, Pemex aceptó pagar una multa de hasta 300 millones de dólares.

Presuntamente, José Antonio Meade había sido advertido por algunos consejeros del terrible daño que implicaba para Pemex la firma de este contrato, por alguna razón fue “omiso”, exactamente de la misma forma que lo fue en este sexenio con los exgobernadores y la “Estafa Maestra”, en Hacienda y en Sedesol; aunque la verdad, tanta omisión ya causa sospecha y asco.

Este escándalo va más allá de afectar su reputación, es más grande que la Presidencia perdida, va más allá de una “Estafa Maestra” y probablemente trascienda al propio presidente.

Y sin embargo antier en el debate presidencial, José Antonio Meade volvió a poner en el centro de la conversación nacional el caso de Odebrecht al afirmar para atacar a López Obrador, que Javier Jimenez Espriú, probable titular de la SCT del tabasqueño, era socio de Odebrecht en México, aseveración parcialmente correcta pues se trata de su familia política y su esposa quienes poseen Idesa, justamente la que participa en el contrato que avaló el candidato priista, definitivamente sin desperdicio, el señor es un genio.

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