Odebrecht, un cadáver en el clóset de Peña

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Este 21 de diciembre se cumplirá un año de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer la investigación sobre el escándalo de corrupción más grande en la historia reciente de América Latina.

Hace un año, los fiscales estadounidenses desnudaron el esquema internacional que Odebrecht utilizó para corromper mandatarios y funcionarios de alto nivel, financiando campañas electorales y otorgando decenas de millones de dólares en sobornos para obtener beneficios en contrataciones públicas.

El modus operandi de Odebrecht en cada uno de los países donde pretendía obtener contratos multimillonarios era acercarse a políticos, a funcionarios que estuvieran perfilados a ocupar puestos de decisión, cargos de alto nivel.

El mecanismo implementado por la constructora fue el mismo en todos los países en los que tiene presencia. Odebrecht utilizó una sofisticada red de empresas offshore para pagar los sobornos. Hasta llegó a comprar un banco local en el Caribe, en la Isla de Antigua, para facilitar la red de pagos mediante diferentes capas de lavado de dinero y evitar el rastreo de las transacciones.

Los pagos partían del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el que los exdirectivos de Odebrecht han aceptado ante la autoridad judicial en Brasil era nada más y nada menos que el “sector de sobornos” de la empresa; el Sector de Operaciones que tenía una contabilidad paralela, garantizaba los fondos utilizados y autorizaba las transferencias (sobornos) con la supervisión del presidente de Odebrecht.

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las sanciones multimillonarias, el pago de una multa por 3 mil 500 millones de dólares que había aplicado a Odebrecht al haber comprobado el pago de sobornos en al menos 12 países latinoamericanos, incluido México, para garantizarse la adjudicación de obras públicas.

De todos los países implicados en la trama de corrupción de Odebrecht, solo en Venezuela y México la investigación sigue estancada. No hay avances. La autoridad prefiere guardar silencio y, en el caso de México, el gobierno de Peña Nieto optó por destituir al titular de la Fepade que investigaba los lazos de Emilio Lozoya con Odebrecht y el posible financiamiento con dinero sucio a la campaña presidencial del 2012.

Mientras el Poder Judicial de Perú ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa; mientras Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador, fue destituido del cargo y condenado a 6 años de prisión; mientras Interpol emitió una orden de captura contra el expresidente de Perú, Alejandro Toledo; en tanto las fiscalías anticorrupción en otros países investigan, exhiben y procesan a implicados en sobornos de Odebrecht, en México -como todos lo sabemos- no ocurre nada.

En febrero de este año, el aún titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, viajó acompañado de una comitiva de funcionarios de PGR a Brasil, donde sostuvo reuniones técnicas y especializadas de intercambio de información relacionadas con las autoridades judiciales que llevan el caso de Odebrecht.

Raúl Cervantes fue a Brasil, se informó, conoció de primera mano detalles de la acusación en contra de Emilio Lozoya, volvió a México y el procurador no dijo ni coma al respecto. Al contrario, PGR reservó información sobre contratos otorgados a Odebrecht hasta por un período de 5 años bajo pretexto de “no entorpecer las indagatorias”.

Mientras tanto, en los demás países la corrupción sistémica de Odebrecht era develada, destapando la cloaca de sus gobiernos. Mientras las investigaciones y procesos judiciales en otros países seguían y el número de implicados iba en ascenso, en México, el gobierno de Peña Nieto eligió administrar el escándalo, callar y apostar al olvido.

El pasado 16 de octubre, Raúl Cervantes presentó su renuncia al cargo de titular de PGR. Durante conferencia de prensa que dio para exponer sus razones, dijo que: “La PGR ha concluido las investigaciones respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y México se hayan visto. (Este) esquema para corromper, obtener contratos públicos y uso de paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación e instituciones que aseguren, día a día, mejores resultados en el combate a la delincuencia y en dejar atrás la impunidad”.

Raúl Cervantes abandonó el barco antes de que se hundiera. Se colocó su salvavidas, se lavó la cara frente a la opinión pública aduciendo que “era utilizado como excusa por algunos legisladores y políticos para la no aprobación de leyes que urgían al país”, y se fue.

En el transcurso de estas últimas semanas, hemos visto circular videos de declaraciones judiciales de exdirectivos de Odebrecht, acusando con santo y seña a Emilio Lozoya de haber recibido millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de Pemex.

Se trata de declaraciones judiciales donde se detalla el cómo, cuándo y qué montos habría recibido Emilio Lozoya en pago de beneficios para Odebrecht.

Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, explica a los fiscales de Brasil cómo fue el acercamiento a Emilio Lozoya cuando fungía como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto; delata cómo se llevaron a cabo los pagos mediante transferencias a empresas ligadas a Lozoya y los beneficios que recibió la constructora a cambio de estos sobornos.

Luiz Antonio Mameri, exvicepresidente de Odebrecht que tenía la atribución de decidir a quiénes se pagaban los sobornos, declaró ante la justicia brasileña que autorizó los pagos a Emilio Lozoya dando, con lujo de detalle, los momentos en los que se realizaron las transacciones, así como cuáles fueron las vías, las empresas, las cuentas bancarias, el mecanismo y los montos destinados a quien fuera el director de Pemex en ese entonces.

Cabe destacar que el testimonio de Luiz Mameri para el caso en Ecuador en contra del vicepresidente de ese país, Jorge Glas, en conjunto con otras declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, provocó la destitución del funcionario y fue condenado a 6 años de cárcel.

Olivio Rodrigues Júnior, identificado por el Ministerio Público de Brasil como experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales, es señalado por la autoridad judicial brasileña como responsable de transferir sobornos millonarios a cuentas ligadas a Emilio Lozoya y a una empresa fachada en Veracruz.

El alfil de la constructora brasileña usaba el alias de “Gigolino” para ordenar transferencias desde al menos 20 empresas offshore afincadas en paraísos fiscales.

En el caso de Lozoya, según el expediente al que obtuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Rodrigues transfirió más de 4 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012 a las cuentas vinculadas a Emilio Lozoya.

Datos, detalles, montos, nombres de empresas, cuentas bancarias, testimonios, pruebas y más pruebas que a fiscalías de otros países les han servido para desentrañar la madeja de corrupción de Odebrecht, entre mandatarios y funcionarios de alto nivel en sus gobiernos.

Fiscalías que hacen la labor para que las que están diseñadas: investigar y llevar ante la justicia a los delincuentes para que paguen por los delitos cometidos, así sean sus mismos gobernantes. Pero, en México, las autoridades encargadas de impartir justicia, de investigar, pertenecen al mismo circuito corrupto del poder. ¿Cómo se investigarán ellos mismos? Ya sabemos lo que ocurre cuando un Virgilio es nombrado para investigar conflictos de interés. El resultado es blanco, como la casa de Peña.

En México, no hay autoridad autónoma e independiente que investigue a profundidad y esclarezca este y otros casos de corrupción que mantienen a nuestro país en la cúspide de la desvergüenza, el cinismo, la impunidad.

Héctor Díaz Santana ha sido nombrado por el Senado como el nuevo titular de la Fepade, a él le tocará concluir o no la investigación de dinero sucio en la campaña de Peña Nieto en 2012.

Los cadáveres en el clóset de los funcionarios de esta administración peñista se están pudriendo, apestan.

El cadáver de Odebrecht en el clóset de Peña Nieto, su hedor, se ha extendido por todo México y ha traspasado fronteras, pero al presidente no parece importarle. Se ha acostumbrado al olor que despide lo más pútrido de su gobierno.

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