No hay justicia, solo puerta giratoria

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Por décadas hemos sido testigos de cómo empresarios, políticos y funcionarios públicos se han beneficiado del erario sin que la mano de la justicia los toque. Las mismas élites que han saqueado al país, son las que han creado leyes sin dientes, que imposibilitan que sean enjuiciados, sancionados, encarcelados. Acciones que menguan, que sabotean al Estado de derecho. Leyes creadas por criminales de cuello blanco en beneficio de otros criminales.

Leyes que les permiten desviar recursos públicos un día sí y el otro también, conscientes de que las autoridades judiciales no podrán comprobarles ni fincarles delitos, mucho menos, despojarles de los bienes producto de lo robado al país.

No es novedad para nadie que el aparato de persecución penal en México, está corrompido, es débil, acotado. El 99% de los delitos que se cometen a lo largo y ancho del territorio nacional, están impunes, sin sentencia. Atroz.

Con la llegada de la nueva administración y las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de que las cosas se harían diferentes en su gobierno, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), antes la PGR, disipó las dudas de que no sería así.

La urgencia de construir una Fiscalía autónoma e independiente, con las capacidades institucionales para liderar por nueve años la lucha contra la impunidad y la corrupción en México, se fue al caño, en medio de un proceso en el Senado, nada riguroso ni transparente, que no fue de cara a la ciudadanía, mediante el cual se designó al nuevo fiscal de la República.

Fiscalía que, a casi cuatro meses de haber sido creada, acaba de sufrir en menos de diez días, dos reveses importantes: en días pasados, el juez federal Fernando Payá Ayala desestimó vincular a proceso a dos funcionarios implicados en La Estafa Maestra. El juez, resolvió que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para llevar a juicio tanto a Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de las delegaciones de la extinta Sedesol cuando Rosario Robles era la titular, como a Francisco Báez Álvarez, quien ocupó el cargo de director de presupuesto de la Sedatu, también cuando Robles estuvo al frente de la misma.

Según el juez, la FGR no pudo comprobar la responsabilidad de dichos funcionarios en irregularidades en los convenios otorgados por Sedesol y Sedatu a universidades públicas, a través de las cuales eran dispersados los recursos públicos.

Funcionarios corruptos denunciados por desvíos millonarios que libran juicios por el deficiente desempeño de los ministerios públicos, por las pobres investigaciones en su contra, por las pruebas endebles que presenta la Fiscalía y que son desestimadas por jueces que gracias a las leyes sin dientes que fueron creadas por las mismas élites que han saqueado a nuestro país, sexenio tras sexenio, salen y entran del juzgado por la puerta giratoria de la impunidad e injusticia que ellos mismos se construyeron.

El pasado 26 de febrero, el Senado aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones para evitar que casos como el de La Estafa Maestra se repitan, con esta modificación se busca evitar el desvío o triangulación de recursos a través de empresas fantasmas o mediante convenios con universidades públicas. Los titulares de las dependencias de gobierno serán los responsables directos de actos de corrupción que se deriven de contrataciones efectuadas bajo su cargo.

Ya se verá si se convertirá realmente en una ley con colmillos en la práctica, o pasará a ser letra muerta, como muchas otras leyes en México que no se respetan.

Mientras tanto, la corrupción estructural y enquistada en los tres niveles de gobierno en nuestro país, sigue respirando. “Los graduados en desaparecer dinero” le están ganando la batalla a la FGR: continúan libres, los desvíos multimillonarios cometidos en la administración pasada permanecen sin castigo.

Como dice el profesor Jacobo Dayan Askenazi, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), no hay más que dos alternativas: 1. Fiscalía autónoma e independiente y un mecanismo internacional contra la impunidad. 2. Seguir leyendo ad nauseam casos similares y no hacer nada.

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