Nicaragua castiga con cárcel “noticias falsas” en medios y redes sociales

27 de octubre de 2020.-Gustavo Porras (centro) preside la sesión donde se discutió la ley de ciberdelitos en Nicaragua. Foto: STR / AFP
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El Congreso de Nicaragua aprobó este martes una ley de ciberdelitos, bautizada por la oposición como ley “mordaza”, que castiga con cárcel a las personas y entidades que el gobierno considere difundan “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.

La cuestionada iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor, todos de diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), y 16 en contra de la oposición, que denunció una intención de perseguir a los adversarios del presidente Daniel Ortega con la ley.

“Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público”, sentenció en el debate el diputado oficialista Emilio López.

El texto señala que la “propagación de noticias falsas” será sancionada con dos a cuatro años de prisión. Si la “información tergiversada” perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel.

Mientras que las publicaciones que “incitan al odio y la violencia” recibirán de tres a cinco años de prisión.

“Ya nunca más al odio en redes sociales”, dijo López, quien adelantó que “ya no se va a permitir que desde un programa de comunicación se llame al odio” o al “caos”.

Advirtió que la ley se aplicaría, por ejemplo, en casos como los de quienes dijeron que se adelantarían las elecciones de 2021, en alusión a una de las demandas que hizo la oposición durante las protestas de 2018 para anticipar la salida de Ortega del gobierno y que nunca fue satisfecha.

López citó también el caso de quienes “dijeron que miles y miles de nicaragüenses estaban contagiados y miles habían muerto por causa del covid-19”, en referencia a las cifras de organismos independientes que cuestionaron con datos la falta de transparencia sobre la pandemia en Nicaragua.

– Contra la disidencia –

La diputada Azucena Castillo, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), denunció que la ley está “orientada a la oposición” y “viene a encender el clima de represión” que existe en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.

“Esta iniciativa tiene nombre y apellido: es para reprimir a quienes consideren que el gobierno está yendo por el camino equivocado”, protestó también el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez.

Según la oposición, la ley de ciberdelito, así como la ley de “agentes extranjeros”, aprobada el pasado 15 de octubre por el parlamento, forman parte de un paquete de leyes que impulsa el gobierno de Ortega para controlar a sus adversarios políticos.

La ley aprobada este martes faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.

Los jueces aplicarán las sanciones que oscilan entre uno y ocho años de prisión para una amplia gama de delitos informáticos que el Estado estime afecten la seguridad nacional.

En el caso del delito de espionaje informático, la pena máxima es de 10 años.

Además de las noticias falsas, la ley también castiga el acoso en las redes sociales, la interferencia de datos, el fraude informático, la filtración de información pública reservada y la revelación de información personal sensible, entre otros.

Los jueces podrán autorizar a la policía intervenir y acceder el sistema de informático de los sospechosos y ordenar a los proveedores del servicio de internet grabar y facilitar datos del usuario que es investigado.

La ley se aplicará a quienes transgredan las normas dentro y fuera de Nicaragua, lo que según la oposición incluye a los exiliados que hacen campaña contra el gobierno, para lo cual el Estado recurriría a convenios de asistencia mutua.

(AFP)

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