“Nadie por encima de la ley”… ¿Nadie?

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El pasado 31 de enero, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el despido de tres directivos de Petróleos Mexicanos, tras la balconeada del portal de noticias Animal Político de que tres funcionarios de la pasada administración peñista, implicados en La Estafa Maestra, habían sido contratados por el nuevo Gobierno para ocupar cargos de alto rango en Pemex.

Los funcionarios Miguel Ángel Lozada Aguilar, Héctor Salvador Salgado Castro y Luis Galván Arcos, habrían firmado en el sexenio pasado, seis convenios con universidades públicas por 348 millones de pesos, recursos que terminaron en 17 empresas catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como irregulares y que forman parte del esquema de corrupción de La Estafa Maestra, según nota publicada por dicho portal el 22 de enero.

Tras la difusión de que el nuevo Gobierno contrató a funcionarios involucrados en el desvío de recursos públicos, López Obrador, en su conferencia del 24 de enero afirmó que “en el Gobierno que él representa, se mantendrá como criterio no contratar a quienes tengan antecedentes de corrupción o hayan omitido denunciar actos de corrupción”.

No vamos a tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y la impunidad”, aseguró entonces el mandatario.

Ante esto, el 31 de enero pasado, Irma Eréndira Sandoval, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó la participación de los tres funcionarios antes señalados en la firma de 25 convenios que derivaron en desvío de recursos públicos.

La secretaria informó que los recursos eran dispersados a través de la subcontratación de universidades públicas, que a su vez, subcontrataban a otras empresas, las cuales estaban ligadas a los propios funcionarios públicos o personas cercanas a ellos eran sus socios directos. Aparte de que entregaron recursos a empresas fantasmas y a otras que simularon la realización de trabajos.

Irma Eréndira Sandoval anunció también que la SFP presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los probables delitos que resulten de las investigaciones.

Uno lee las acciones que el Gobierno morenista emprendió contra estos funcionarios corruptos y no nos queda más que celebrar que hayan sido despedidos, que estén siendo investigados y se interpongan las denuncias por su proceder ante la Fiscalía. Pero, ¿lo habrían hecho si no hubieran sido exhibidos?

¿No tenían conocimiento de estos hechos? ¿De verdad, nadie en la nueva Administración sabía que estaban contratando a funcionarios implicados en La Estafa Maestra?

La duda asalta y más cuando nos damos cuenta que utilizan una vara para ciertos casos y para otros, hacen como que la virgen les habla.

Como el caso del ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, actualmente subdirector de Proyectos de Pemex Transformación Industrial (PTI), quien firmó al menos tres de los contratos que Pemex sostuvo con Odebrecht y que generaron un daño patrimonial a la petrolera en beneficio de la empresa constructora brasileña.

Uno de esos contratos, otorgado por adjudicación directa, Cornejo Serrano fue quien elaboró el proyecto económico, así como el documento donde se justificó que no se llevara a cabo mediante licitación pública, aparte de que participó en la sesión del Consejo Administrativo de Pemex, en la cual se aprobó el contrato; según información difundida por Animal Político.

Tras una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dicha adjudicación por el contrato de aguas residuales de la refinería de Tula, Hidalgo, se concluyó que el proceso benefició a la constructora Odebrecht en un detrimento superior a los 2 mil millones de pesos para Petróleos Mexicanos.

Ante semejante saqueo, ante la corrupción evidente, ¿cómo es posible que la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, haya designado al exfuncionario peñista Leonardo Cornejo Serrano para que esté al frente de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco, y de la modernización de las refinerías de Madero, Tula, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Cadereyta?

¿Por qué la nueva Administración lo premia con este cargo?

Al parecer, la lucha contra la corrupción y la impunidad, bandera del presidente López Obrador, no es ni tan frontal, ni tan transparente como él dice.

Mientras tres funcionarios, implicados en La Estafa Maestra, son despedidos y denunciados, al que firmó contratos para beneficiar a Odebrecht en los tiempos que Emilio Lozoya estuvo al frente de Pemex, se le premia, poniendo en sus manos la construcción de uno de los proyectos más ambiciosos e importantes del sexenio de López Obrador. El encargado de Dos Bocas es un consumado corrupto, un funcionario a todas luces protegido por el nuevo Gobierno.

López Obrador desde el podio presidencial todas las mañanas podrá lanzar su perorata, decir que su lucha contra la corrupción e impunidad no tiene precedentes en México, podrá decretar una y mil veces que la corrupción ya se acabó, que ellos son honestos, que tienen calidad moral para gobernar, pero en lo hechos, quienes colaboraron en el saqueo al país, los principales ejecutores, permanecen impunes y a unos, hasta los premian con nuevos cargos.

¡Que viva la impunidad! ¡No te preocupes, Leonardo!

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