Nada que celebrar, mucho que exigir

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El artículo es desgarrador, se titula “Las madres mexicanas que excavan la tierra para buscar a sus hijos”, publicado en The New York Times, el 10 de mayo de 2017.

Recuerdo que tuve que leerlo varias veces para asimilar lo que una madre tiene que hacer en la búsqueda de su hijo desaparecido ante la ineficacia de nuestras autoridades: clavar varillas de fierro en la tierra, para al sacarlas, oler la punta. Si huele a podrido, hay esperanza.

La historia da cuenta de algunas de las madres que buscan a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus familiares, y que forman parte del Colectivo Solecito de Veracruz. Colectivo fundado en 2014 por Lucía de los Ángeles Díaz Genao, tras el secuestro de su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, de 29 años de edad, en su propia casa.

Colectivo de mujeres que buscan a sus hijos con sus recursos, madres que, ante la ineptitud del Estado, realizan sus propias investigaciones y han logrado dar con el paradero de cientos de fosas en Veracruz, una de ellas, la ubicada en el predio de Colinas de Santa Fe, considerada la mayor fosa clandestina de México y de América Latina, según medios y especialistas sobre el tema.

Así como estas valerosas mujeres, estas incansables madres que buscan a sus hijos escarbando la tierra a su paso en el estado de Veracruz, hay cientos más de ellas que buscan a sus seres queridos por todo el territorio nacional.

Son más de 40 colectivos conformados en su mayoría por mujeres que buscan a sus hijos por todo México: Las Rastreadoras de El Fuerte y Sabuesas Guerreras, en Sinaloa; Tesoros Perdidos, en Mazatlán; La voz de los desaparecidos, en Puebla; Justicia para Nuestras Hijas y Colectivo Madres Unidas, en Chihuahua; Red de Desaparecidos, en Tamaulipas; Por amor a ellxs, en Jalisco; Familias unidas en busca de una esperanza, en Zacatecas; Los otros desaparecidos de Iguala en, Guerrero, entre otros.

Cientos de madres, cientos de mujeres que, ante la fallida, la ineficaz, la indolente actuación de nuestras autoridades y en muchos de los casos, coludidas con el crimen organizado en la desaparición de sus hijos, han tenido que aprender técnicas de búsqueda, de rastreo y forenses, para salir a la montaña, a lugares inaccesibles, a lugares dominados por el narco, a buscar, rascando entre la tierra, a sus hijos.

El escenario es terrible. Devastador. Madres armadas solo con un pico, una pala, una varilla, su inconmensurable amor y su férrea determinación por encontrar a sus hijos. Imágenes que tenemos años presenciando.

Historias cruentas, desgarradoras, de madres que se convirtieron en activistas a raíz del secuestro, de la desaparición de sus hijas, como la de Marisela Escobedo en Chihuahua, como la de Miriam Rodríguez en Tamaulipas. Quienes tuvieron que salir a buscarlas con sus propios medios ante la incompetencia de las autoridades. Buscaron aquí y allá, fueron y vinieron, hicieron la labor de los ministerios públicos, de las policías, de las procuradurías, hicieron lo que servidores públicos no quisieron: dar con el paradero de sus hijas, encontraron sus restos y a sus asesinos.

Hicieron todo, ellas hicieron absolutamente todo. Y el pago que recibieron ambas madres por parte del Estado fue brutal: en el caso de Marisela Escobedo, el hombre que mató a su hija Rubí, fue liberado por tres jueces que “no encontraron elementos para declararlo culpable”, pese a que el asesino confesó su horrendo crimen. Marisela fue asesinada de un tiro en la cabeza, cuando mantenía un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en exigencia de justicia para su hija. Nadie la protegía. Estaba sola.

Miriam Rodríguez, quien en la búsqueda de su hija Karen Alejandra, se convirtió en la líder del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Tamaulipas; apoyó a cientos de madres y padres en la búsqueda de sus seres queridos, fue asesinada hace dos años, el 10 de mayo de 2017, en su casa, por hombres armados. Nadie la protegía. Estaba sola.

Así como Miriam y Marisela, son miles las madres que buscan a sus hijos por todo México, según cifras oficiales, en nuestro país, existen más de 40 mil desaparecidos. Así como ellas, son cientos las madres que tienen que hacer la labor que le corresponde a las autoridades.

La deuda que tiene el Estado para con estas mujeres y el resto de la sociedad es enorme. El reto de la nueva administración morenista es mayúsculo, la actuación del nuevo gobierno debe ser integral: no solo se trata de encontrar a sus hijos desaparecidos, o sus restos. Se trata de llevar ante la justicia a sus asesinos mediante fiscalías competentes, ministerios públicos que presenten casos sólidos, que logren que criminales sean condenados, llevados a prisión.

Esta responsabilidad se ve imposible de cumplir, al menos en corto y mediano plazo, ante el reporte que hace días el fiscal Alejandro Gertz Manero ofreció en conferencia de prensa por sus 100 días al frente de la Fiscalía General de la República (FGR); en él detalló el estado en el que recibió la dependencia a su cargo: 95% de impunidad, 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas, 300 mil expedientes abiertos sin ninguna resolución. Un caos. Un total y completo caos. Un escándalo.

Existen más de 40 mil desaparecidos en nuestro país, la exigencia de los familiares de encontrarlos, de su búsqueda de la verdad y la justicia va en aumento cada día. Esta espantosa realidad que vivimos en cuanto a violencia e inseguridad, si bien es herencia de los dos últimos sexenios, la impunidad no parece tener un freno en este nuevo gobierno.

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que “la búsqueda de desaparecidos es prioridad de su gobierno”, el mecanismo extraordinario para la identificación forense, brilla por su ausencia. No son suficientes las mesas de diálogo del gobierno con colectivos de desaparecidos, no basta con que Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, se siente a platicar con familiares de víctimas o acompañe a estos en sus rastreos en fosas clandestinas.

Las morgues en varios estados del país, están rebasadas. Mientras las redes criminales no sean desmanteladas, mientras la FGR no investigue diligentemente, mientras no consiga que sus acusaciones contra los que asesinan, desaparecen y torturan personas, se traduzcan en sentencias condenatorias, seguiremos en un laberinto, en el baño de sangre y horror que hemos vivido los últimos 18 años.

Mientras la nueva administración continúe sin asumir su responsabilidad ante la violencia incontenible en todo el país y siga argumentando que es la herencia maldita de los gobiernos pasados, no veo un escenario cercano donde la paz llegue pronto.

Mientras tanto, cientos de madres todos los días, siguen saliendo a buscar a sus hijos. Ayer, miles de ellas, dejaron de lado los festejos por el 10 de mayo y salieron a marchar, a exigir justicia por sus hijos desaparecidos, por sus seres amados. La afrenta es monumental. La deuda del Estado con ellas, abre heridas, todos los días. En todo el país. No cesarán, no bajarán los brazos, no descansarán hasta encontrarles… son madres.

Marisela Escobedo Ortiz, durante una protesta afuera de la residencia oficial de Los Pinos el 30 de julio de 2010

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