Militares y narcos detuvieron a los 43, según testigo protegido

01 de octubre de 2014.- Elementos del Ejército, resguardan las instalaciones de la PGR en Iguala
- Publicidad -

Una declaración hecha ante la Fiscalía General de la República (FGR) refiere que en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sí participaron militares. 

Un testigo protegido identificado como Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos, admitió que los jóvenes fueron detenidos junto con una treintena de personas más en una operación conjunta entre militares, policías y sicarios. 

Juan” asegura que en el 27 Batallón de Infantería, en la ciudad de Iguala, un grupo de los detenidos fue interrogado y posteriormente entregado a los narcos para su desaparición. 

De hecho, asegura que algunos de ellos fueron entregados muertos.

Derivado de esas revelaciones, fue detenido el capitán José Martínez Crespo y se giraron 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con los hechos.

Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, declaró “Juan” el 10 de febrero de 2020.

El declarante explicó que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo, jefe de un cártel rival que les adeudaba dinero. Los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes que hacían una protesta en Iguala.

Fueron tres grupos de personas detenidas: uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, otro se lo llevó la policía estatal, y a otro el Ejército, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. 

El propósito era interrogarlos para saber quiénes eran los sujetos que venían en el grupo contrario. 

Los detenidos en el cuartel militar fueron entregados a una célula de Guerreros Unidos, conocida como Los Tilos”, quienes procedieron a su desaparición, diluyendo cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.

En un domicilio de Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, otros muchachos fueron destazados a machetazos y hachazos. 

Después, los trasladaron a Servicios Funerarios El Ángel”, a las afueras de Iguala, un lugar que se presume que era regularmente utilizado por miembros del crimen organizado para desaparecer a sus enemigos con la anuencia de las autoridades. 

Allí tardaron dos días en cremar todos los restos humanos. Los que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, e Iguala, poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.

Según la versión, policías estatales confabulados con los narcos sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados rápidos” de las investigaciones.

Una parte de las cenizas que no fueron dispersadas en las afueras de Iguala, fueron entregadas por los narcos a un agente de la policía ministerial de Guerrero de nombre Wenceslao y apellido Zempoatleca o Tlaxcalteca, el 03 o 04 de octubre de 2014, con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones. El mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales fueron a dispersar los restos, e inclusive a sembrarcasquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula.

La Procuraduría General de la República (PGR) fincó en el hallazgo” de Cocula la denominada verdad histórica” del caso Ayotzinapa y procedió a la detención de algunos sicarios, del entonces Alcalde del PRD, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, y de policías municipales.

El testimonio de Juan” confirma lo contenido en los mensajes de Blackberry que intercambiaron jefes de Guerreros Unidos que operan en Chicago con sus socios locales en los que daban instrucciones de qué hacer con los detenidos y muertos el 26 de septiembre de 2014. 

Dichos mensajes fueron interceptados por la DEA como parte de sus indagatorias sobre tráfico de heroína de México a Estados Unidos.

En ellos, los ejecutores hablaban de la desaparición de más de 60 personas, incluidos los 43 normalistas.

Esta mañana, al ser consultado al respecto, el titular de la Sedena, General Luis Crescencia Sandoval, dijo que si elementos castrenses han cometido errores deberán responder por ellos.

Yo creo que la institución es sumamente fuerte. Tenemos más de 107 años de existencia y si alguno de nuestros elementos en el transcurso del cumplimiento de sus misiones, en el desarrollo de diferentes actividades comete errores, pues tendrán que responder ante esos errores.

“Pero esos errores de forma particular creo que no dañan la imagen de una institución que ha sido muy representativa del Estado mexicano y que siempre su historia pues ha sido una parte importante”, afirmó el mando militar en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Sandoval González aseguró que para las investigaciones siempre han colaborado con las autoridades competentes, pues aclaró que no todas las faltas corresponde investigarlas a su jurisdicción. 

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en este caso no habrá ningún tipo de impunidad. 

(Con información de Reforma)

Comentarios