México y Odebrecht pactaron inmunidad

La justicia brasileña acordó con México acceso a la carpeta de investigación a cambio de no aplicar la justicia contra funcionarios de la firma

Emilio Lozoya. (Imagen de archivo)
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El Gobierno mexicano pactó desde 2017 “no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por sobornos a funcionarios de Pemex.

En una tarjeta informativa emitida este jueves por la Fiscalía General de la República (FGR), se da cuenta de que Raúl Cervantes quien entonces era procurador de la Procuraduría General de la República (PGR), suscribió un convenio con la justicia brasileña, en el que esta se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que México no procediera penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de la firma.

Se precisó también que tales convenios fueron ratificados por México en tres ocasiones, uno con fecha de 16 de febrero y dos el 14 de junio de 2017.

Tras el acuerdo, la PGR tomó declaración a los cariocas Marcelo Bahía Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, quienes hicieron señalamientos que al parecer nunca se sabrán, pues descansan bajo la cobija del eterno debido proceso.

En mayo de 2017, también se entrevistó a tres funcionarios de Odebrecht México: Helder Antonio Campomizzi, actual coordinador de licitaciones de la empresa en nuestro país; José Vito Facciolla Junior, director de Proyectos Odebrecht México, y Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de la compañía.

Los tres últimos aportaron diversos datos de prueba en la relación Pemex-Odebrecht donde se imputa a Emilio Lozoya Austin de recibir sobornos.

Según la Fiscalía, desde que se recabó la entrevista en calidad de imputado de Lozoya, exdirector general de Pemex, quien se reservó su derecho a declarar, ningún funcionario de la empresa, ni de Brasil ni de México ha sido citado a comparecer.

La FGR agregó que entre mayo y septiembre de 2018, la PGR recibió información financiera procedente de Suiza, así que pidió al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada que determinara cuál era la red de vínculos respecto a transferencias, depósitos y personas involucradas, se supone que estará listo en una semana.

Precisamente este jueves, la FGR informó que no hará pública indefinidamente ninguna información del caso en el que su vincula a Lozoya de haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos.

Al parecer, el pacto benefició a funcionarios de la constructora, y de paso a los funcionarios del Estado mexicano pues gozan de total impunidad.

En otros países, donde Odebrecht realizó acuerdos, tras descubrirse su cauda corruptora, los funcionarios de gobierno han caído como fichas de dominó.

Por ejemplo, en Brasil provocó que Luis Inácio Lula da Silva terminara en la cárcel, y se han visto involucrados los expresidentes Dilma Rousseff y Michel Temer.

En Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en 2018, al descubrirse la trama corruptora, pero también se investiga a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, y Ollanta Humala.

Panamá investiga a los expresidentes Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y el actual, Juan Carlos Varela, y hay 76 imputados de los cuales hay cinco encarcelados.

En Venezuela, Nicolás Maduro envió a prisión a cuatro directivos, acusados de recibir sobornos, aunque el escándalo salpicó al mismo Maduro y a Diosdado Cabello, por supuesto lo negaron, diciendo que eran “especulaciones”.

En Colombia, hay seis condenados y el detenido de mayor rango es el exviceministro de Transportes, Gabriel García.

En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión. Hay 24 causas abiertas y el excontralor está prófugo.

En Guatemala, existen siete condenas, cuatro solicitudes de captura y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi está prófugo.

Argentina llegó a un arreglo similar al de México, y solo hay sospechas sobre si dinero sucio  habría llegado la empresa de un familiar del presidente Mauricio Macri.

Y en República Dominicana existen siete personas procesadas.

(Con información de El Universal y AFP)

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