México, bajo la lupa internacional en DDHH

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Al menos 10 organizaciones internacionales han creado un Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato es “observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país”, hecho que como mexicano me parece lamentable y vergonzoso.

Este organismo de observación se crea luego de que los legisladores del PRI y sus aliados electorales más los senadores traidores al PAN, fieles a Felipe Calderón y ya alineados con José Antonio Meade, aprobaran la Ley de Seguridad Interior.

Las organizaciones que conforman el Observatorio Internacional son Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin America Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Estos organismos confían en que más ONG se sumen a esta iniciativa mundial.

Para estas organizaciones, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior constituye “un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos”; por lo que le han demandado el Presidente Peña Nieto que la vete, término que a algunos juristas les saca ronchas y sostienen que debemos referirnos a que se le haga observaciones y simplemente no la promulgue el Presidente.

El colectivo argumenta que la Ley de Seguridad Interior es “parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes”, y explica que la creación del Observatorio Internacional —una coalición permanente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica— servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.

Señalan que, lejos de abordar la “impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada Guerra contra las Drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles”.

Aseguran que la estrategia de militarización que prevalece desde hace 10 años “ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad”.

Sostienen que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal para que la milicia actúe en todo el país y en contra de todos los ciudadanos.

Asimismo, aseguran que contraviene múltiples obligaciones que tiene México con el Derecho Internacional y pretenden buscar el diálogo con las autoridades correspondientes para recordárselos.

Por otro lado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también hizo un llamado al Poder Ejecutivo y a otros actores para evitar la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso.

“El Poder Ejecutivo aún tiene la posibilidad de materializar su propio llamado y evitar la entrada en vigor de la ley. Para ello, el Presidente puede atender el respetuoso exhorto formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros actores y realizar observaciones al proyecto de ley”.

También, en caso de que el proyecto de ley fuese promulgado, la ONU-DH es clara al asegurar que alentará a los actores legitimados a interponer acciones sobre la constitucionalidad de la Ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea sometida a revisión judicial a la luz de lo que consagra la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.

¿Será posible que la necedad de unos cuantos se imponga a la razón de los expertos del mundo?

Y que no nos venga el senador Javier Lozano, que ha perdido todo el decoro y todo el respeto, incluso de su círculo cercano, a decir que todos somos neófitos en la materia, que leamos la ley con mayor atención, que si no compartimos su punto de vista la releamos y si al final tampoco la aceptamos, nos suicidemos.

La Ley de Seguridad Interior presenta riesgos con relación a la plenitud de los derechos humanos; al mismo tiempo que no brinda certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre las nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y lo más grave es que consolida, bajo el pretexto de darle un marco regulatorio de acción, un modelo de seguridad que implantó Felipe Calderón y que continuó Peña Nieto —a pesar de haberlo criticado en todos sus ángulos durante su campaña y al inicio de su mandato—, y que no ha dado los resultados esperados, porque nadie hubiera querido, ni esperado, que este 2017 sea el año más violento de la historia moderna de nuestro país.

A estas alturas, si el presidente Peña Nieto avala con la promulgación la Ley de Seguridad Interior, después de haber hecho el llamado para que se ampliara el diálogo con la sociedad civil, con los organismos defensores de derechos humanos, con especialistas en materia de seguridad y con académicos para que se enriqueciera la minuta avalada originalmente por los diputados, mismo que no existió, y a pesar del consenso nacional e internacional en contra de la ley por quienes promueven y defienden los derechos humanos y del cúmulo de voces críticas de especialistas en seguridad, así como los “organismos globales sin línea” como la ONU, solo significaría que su intervención el día de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, como muchas otras más, incluyendo su raquítica administración, fue un mero acto sin desperdicio de SIMULACIÓN y su agenda perpetradora está por encima de cualquier cuerpo inocente de los que se apilarán como parte de los daños colaterales de esta nueva ley.

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