Meten reversa a 3de3

Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción (SNA) Imagen de archivo
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El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determinó aplazar ocho meses la entrada en vigor del nuevo formato para la presentación de la declaración patrimonial y de intereses de todos los funcionarios gubernamentales.

Y no solo eso sino que, a propuesta de la propia secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, el formato será modificado al considerar que la información requerida es excesiva, pues demanda el llenado de casi 800 campos, y no distingue entre funcionarios con riesgo alto de corrupción porque manejan recursos públicos, de aquellos que simplemente son empleados del sector público.

“En la Administración Pública Federal se estima que la cantidad de servidores públicos obligados a presentar estas declaraciones pasaría de 250 mil a dos millones de servidores públicos, de entre los que se encontrarían maestros, enfermeras, médicos, personal de mantenimiento, intendencia y quienes de conformidad con la redacción actual del formato estarían obligados a llenar cerca de 780 campos, en contraste con los 216 campos que tiene el formato de Declaranet actualmente”, expuso Sandoval Ballesteros.

En septiembre pasado, el Comité Coordinador aprobó el formato y estableció que entrara en vigor el 01 de diciembre, plazo que terminó recorriéndose hasta el 30 de abril de este año.

La declaración patrimonial y de intereses era uno de los aspectos fundamentales de la reforma constitucional por la que se creó en 2016 el Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, con la determinación de ayer, los servidores públicos seguirán usando el sistema Declaranet que permite reservar la divulgación de información.

Quienes dieron marcha atrás al formato, son: David Colmenares, Auditor Superior de la Federación; Francisco Javier Acuña, presidente del INAI y Carlos Chaurand, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.

También, Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura; María de la Luz Mijangos, fiscal Anticorrupción; Octavio López Presa, presidente del Comité de Participación Ciudadana, y la titular de la SFP.

(Con información de Reforma)

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