Mayoría afín a Ortega controlará tribunal electoral en Nicaragua

(Archivo) Rosario Murillo, vicepresidenta nicaragüense y su esposo el presidente Daniel Ortega. Foto: Maynor Valenzuela/AFP
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El Congreso nicaragüense aprobó este martes el nombramiento de los magistrados para el Consejo Supremo Electoral (CSE), con una mayoría afín al partido de gobierno, que organizará los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega podría buscar una nueva reelección.

El tribunal está compuesto por siete miembros. Seis de los magistrados titulares electos fueron propuestos por el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda). El séptimo fue postulado por el Partido Conservador, informó el presidente del legislativo, el oficialista Gustavo Porras.

En tanto, los tres cargos de magistrados suplentes fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por la derecha liberal.

Los nombramientos, que tienen una vigencia de cinco años, contaron con más de los 56 votos -mayoría calificada- que se necesitan para elegir a los jueces electorales en el Parlamento, donde el partido de Ortega controla 70 de 91 escaños.

Entre los jueces electorales sandinistas figuran dos reelectos: Lumberto Campbell y Mayra Salinas, considerados por la oposición como leales al gobierno.

“La familia [gobernante] Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados al CSE, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense”, denunció en un comunicado la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes sandinistas.

El presidente Ortega es un exguerrillero de 75 años que gobernó durante la revolución de los años 1980, retornó al poder en 2007 y fue reelegido en dos oportunidades sucesivas, tras lograr la aprobación de una reforma constitucional. En la última elección, nominó como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.

El sistema electoral nicaragüense es cuestionado por la oposición y a nivel internacional.

A juicio de Unamos, “los Ortega Murillo han desperdiciado una oportunidad de hacer confiable el sistema electoral nicaragüense, que junto a las leyes que penalizan y persiguen a la oposición (..) son la negación de las condiciones mínimas que se exigen dentro y fuera del país para lograr elecciones limpias”.

La comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han instado en los últimos años a  Nicaragua a renovar su CSE con jueces independientes y mejorar su sistema de participación y de votación para garantizar transparencia de los próximos comicios.

“El pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad”, consideró el lunes la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, en su cuenta de Twitter.

Nicaragua celebrará el próximo 7 de noviembre elecciones legislativas y presidenciales, en los que la oposición aspira conformar un bloque unido para enfrentar al FSLN. El partido gobernante no descarta postular a Ortega para un cuarto mandato sucesivo.

En el mismo sentido, el oficialista Parlamento de Venezuela nombró este martes la nueva directiva de la autoridad electoral, en la que tres de sus cinco rectores están vinculados al chavismo, en medio de divisiones de la oposición.

El nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) fue un punto álgido de la política venezolana en los últimos meses, con vistas a las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas este año, tras el fracaso de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y Guaidó para buscar autoridades por consenso.

El grueso de la oposición boicoteó las votaciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020, al calificarlas de fraudulentas.

Tania D’Amelio, único nombre que repite de la directiva previa, Alexis Corredor Pérez, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón son los cinco rectores principales del CNE para el período 2021-2028.

“Queda aprobada por mayoría calificada (dos tercios de los diputados) la designación de los rectores”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la unicameral Asamblea Nacional, donde el chavismo tiene 256 de 277 escaños.

Ese Parlamento es desconocido por la oposición liderada por Juan Guaidó, que encabezó el boicot contra las elecciones de diciembre pasado.

“El resultado será el mismo de 2018 o 2020, desconocimiento y rechazo”, escribió Guaidó en Twitter.

– “Designado inconstitucionalmente” –

La oposición, que ha acusado siempre al CNE de favorecer al chavismo, se negó a participar en las presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro fue reelegido por seis años, y en las legislativas de 2020, en las que el chavismo recuperó el Parlamento, el único poder que estaba en manos de sus adversarios.

Ambos comicios fueron rechazados por Estados Unidos y decenas de países, que reconocen a Guaidó, exjefe del Parlamento opositor (2016-2021), como presidente encargado de Venezuela.

Esa vieja Asamblea Nacional, cuya continuidad Guaidó defiende, publicó un comunicado pidiendo a la comunidad internacional mantener “su posición sobre la invalidez de los procesos convocados en Venezuela por un CNE designado inconstitucionalmente”.

La nueva directiva, juramentada por la Asamblea Nacional inmediatamente después de su designación, es liderada por rectores próximos al chavismo.

Calzadilla fue incluso ministro de Maduro y de su predecesor Hugo Chávez (1999-2013). Corredor y D’Amelio también han tenido vínculos con el partido del gobierno.

– “Un primer paso” –

Márquez y Picón, en tanto, han sido cercanos a la oposición, aunque ahora están distanciados del sector que encabeza Guaidó.

Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial contra Chávez y Maduro, estimó la designación como “un primer paso indispensable para abrir caminos en la reconstrucción constitucional y democrática” del país.

“Estamos conscientes de que los cambios requieren mucho más que un árbitro electoral con contrapeso, pero esta es una oportunidad que ocurre en medio de una crisis política que permanece estancada”, señaló en un comunicado. “Se trata de ir creando finalmente un espacio de confianza que rescate, de para todos los venezolanos, el valor del voto”.

Picón, quien fuese asesor electoral de la vieja alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), estuvo preso entre junio y diciembre de 2017, acusado por Maduro de participar en “un plan de intervención” de Estados Unidos en Venezuela.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo en un comunicado que “rechaza y condena estas acciones de la dictadura que son contrarias al Estado de derecho democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado”.

(AFP)

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