Hay más canallas (y gandallas) que Anaya

12 junio 2018.- Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador en el debate en Mérida, Yucatán
- Publicidad -

Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador tienen algo en común.

Los dos fueron víctimas de “campañas negras”, cuando contendían por la Presidencia de la República.

En el primer caso, quien transgredió la equidad del proceso electoral fue el propio Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), hizo pública una denuncia en contra del panista por presunto lavado de dinero en la venta de una nave industrial en Querétaro.

La mala saña del Gobierno quedó evidenciada, primero con una resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que desde abril de 2018 señaló que la Procuraduría General de la República (PGR), hizo un uso indebido de recursos públicos para afectar al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

Dicho organismo, incluso instruyó sanciones en contra del titular de la SEIDO, Alonso Israel Lira Salas, y Rafael Lugo, director de Comunicación Social de la dependencia federal, a quienes responsabilizó de difundir comunicados de prensa en donde se vinculaba a Anaya Cortés con el caso de lavado, así como un video donde se ponían en riesgo datos personales del queretano.

Luego, por la propia PGR que, justo antes de que terminara la Administración de Peña Nieto, el 28 de noviembre de 2018, exoneró a Anaya Cortés y admitió que no se pudo comprobar el hecho, sino que, por el contrario, se estableció la procedencia de los recursos de la nave industrial que el exlíder del blanquiazul le vendió al empresario Manuel Barreiro. Resultó que ¡eran producto de un crédito!

Ni Lira Salas, ni Rafael Lugo han recibido hasta el momento sanción alguna. Luego de sembrarle delitos al queretano, están como si nada, viviendo en la impunidad.

El otro caso, recientemente denunciado por el mismísimo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de  Delitos Electorales (Fepade), es referente a la difusión de un documental respecto al populismo en América, del cual el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador era protagonista.

Según el actual Gobierno federal, la producción y difusión de dicho audiovisual no habría sido posible sin la participación de empresarios vinculados al PRI, quienes inyectaron recursos para su realización.

El presidente López Obrador insinuó que al respecto, la denuncia y la sanción eran necesarias para sentar un precedente.

En conferencia de prensa, el mandatario incluso se vanaglorió de la más reciente reforma a la legislación en materia judicial que admite como grave el delito electoral y celebró que ya hasta podía ser pagado con cárcel.

Entre sus objetivos, dijo que se quería apuntar como un logro de la Cuarta Transformación, “el que en este sexenio quede establecida de verdad la democracia, el respeto a la voluntad de los ciudadanos, nunca más un fraude de los que se han padecido históricamente”.

Yo me pregunto: ¿por qué no darle seguimiento a ambos casos? Ya que en esas andamos, ¿no sería prudente aplicar el mexicanísimo principio de “o todos coludos, o todos rabones”?

Pues “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, ¿qué no?

Y la ley es muy clara al decir que ni los funcionarios ni ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en medios de comunicación dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Que el acceso a la justicia deje de seguir siendo privilegio de unos cuantos, que de eso sí ¡ya estamos hartos!

Comentarios