Mañana entra en vigor nueva ley contra la tortura

Se busca que principalmente las autoridades respeten y garanticen los derechos de toda persona protegiéndola contra cualquier trato cruel, inhumano o degradante.

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La crisis por el delito de tortura que atraviesan las autoridades y corporaciones policiacas encargadas de brindar justicia en nuestro país estará ahora regulada por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, según anunció la Segob a través de un decreto expedido por el presidente Enrique Peña Nieto y publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación.

A su vez, también se agregan y derogan distintas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional

A través de esta ley se busca que “todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, promuevan, protejan y garanticen en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Con ella, se establecerán los tipos penales de tortura, así como las reglas para su investigación, procesamiento y sanción, para poder decretar medidas de ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas en este tipo de delitos.

En su artículo 50, esta ley refiere que “serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos”.

Entre otros elementos relevantes, la ley prevé penas de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que incurra en el delito; o, en caso de particulares, las sanciones irán de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa.

En caso de que la víctima pertenezca algún grupo vulnerable de la sociedad (menores de edad, mujeres embarazadas, discapacitados, adultos mayores, indígenas, migrantes, activistas o periodistas) las sanciones aumentarán hasta en una mitad.

Además, la nueva legislación  ordena la creación de Fiscalías estatales especiales para investigar este delito, que tengan autonomía y acceso a los registros de detenciones por parte de las autoridades.

Aunque el Gobierno nunca ha revelado cifras oficiales sobre el tema, de acuerdo con una encuesta realizada por Amnistía Internacional el año pasado en México, el 64 por ciento de las personas consultadas temían sufrir cualquier tipo de tortura en caso de ser detenido por las autoridades, además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha registrado, entre diciembre de 2012 y julio de 2014, una cifra de alrededor de mil 148 quejas por violaciones de este tipo atribuibles únicamente a las fuerzas armadas.

Hay quienes aseguran que ésta es una de las mejores leyes en su tipo a nivel mundial… Solo hay que ver si realmente se implementa.

(Con información de Notimex)

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