Los intocables

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No es ninguna novedad que en México, como en otros países del mundo, el entramado del poder económico y del poder político ha generado las grandes fortunas, los grandes monopolios y los círculos más sólidos; son generaciones completas las que han puesto las directrices de la agenda del gobierno en turno.

En el papel y en las promesas, la Administración actual, encabezada por López Obrador, aseguró que separaría el poder económico del poder político, sin duda una labor titánica si en realidad se quiere revertir en primera instancia la inercia, así como mantener a flote a un país que se mueve gracias a la fuerza de los grandes intereses.

Como parte de su estrategia, el lunes pasado, el presidente López Obrador firmó un decreto por el cual deja sin efecto las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes.

En su habitual conferencia matutina, el mandatario aseguró que la condonación fiscal es como un “huachicol de cuello blanco” para las finanzas públicas, del que se ha abusado y es indispensable eliminar.

El objetivo del decreto es acabar con privilegios fiscales y hacer valer la Constitución en letra y espíritu porque todos tenemos que contribuir con el principio de progresividad (entre más ingresos, más impuestos), y no como se ha venido haciendo en los últimos sexenios, en los que un grupo importante de los grandes contribuyentes no pagaban impuestos y en otros, se les devolvían grandes cantidades de dinero gracias a lagunas fiscales y artimañas legales.

En la misma conferencia, la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, detalló que fueron los Gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto los que condonaron 400 mil 902 millones de pesos de impuestos a contribuyentes, entre 2007 y 2018; 161 mil millones de pesos de condonaciones corresponden al sexenio del panista y 238 mil millones al del priista.

A pesar de no dar a conocer los nombres de los beneficiarios, la funcionaria aseguró que el 54 por ciento de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes.

Sin embargo, la organización Fundar aseguró que los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron en realidad 628 mil 937 millones de pesos de impuestos, no 400 mil millones, como lo informó Margarita Ríos Farjat, titular del SAT.

“Esta diferencia de más de 200 mil millones de pesos debe ser aclarada por las autoridades”, exigió la organización, que desde 2016 emprendió una batalla legal para que el SAT transparente los nombres de los beneficiarios y los montos de las condonaciones y cancelaciones de impuestos previas a 2015.

Más allá de las exigencias de Fundar, ante estos hechos no puede quedar ninguna duda, la información de los impuestos condonados en los últimos dos sexenios debe ser completamente transparente y sin lugar a suspicacia alguna.

A nadie se le puede dar la oportunidad de exhibir que, de los intocables del pasado, quedarán algunos que permanecerán protegidos.

Desgraciadamente, con este decreto presidencial, vuelve a quedar de manifiesto que la intención de esta Administración es enfocar sus esfuerzos en el presente y en el futuro, sin tomar en cuenta las afrentas que recibe la sociedad, ni la impunidad que gozan las cúpulas oligárquicas, políticas y económicas de este país; el punto final sigue vigente.

Para ejemplo, basta un botón: la boda de la hija del abogado Juan Collado celebrada el pasado fin de semana en la Hacienda Jajalpa del Estado de México.

Juan Ramón Collado es un destacado abogado egresado de la UP y proveniente de una dinastía de importantes figuras del derecho de nuestro país, es hijo del fallecido José Ramón Collado Amieva, quien fuera un eminente jurista.

Con su despacho, se ha consolidado como uno de los prominentes abogados del país. Es el abogado personal del expresidente Carlos Salinas de Gortari y quien representó a su hermano Raúl en el proceso que se le siguió y por el que fue absuelto de los cargos de lavado de dinero y homicidio.

Ha sido abogado del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; del empresario Carlos Ahumada; de Diego Fernández de Cevallos; de Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acusado de lavado de dinero; y recientemente fue el encargado de llevar a cabo el divorcio del expresidente Peña Nieto y de Angélica Rivera.

La lista de invitados a la fiesta es particularmente interesante, empezando por el expresidente Enrique Peña Nieto, acompañado de su nueva pareja, Tania Ruiz; Raúl Salinas de Gortari; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps; así como los exsecretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de Desarrollo Social, Luis Miranda; el exsecretario de Salud y ahora aspirante a dirigir al PRI, José Narro Robles; el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco y el enigmático Manlio Fabio Beltrones; los magistrados Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; así como el exencargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán.

El ambiente que se podía respirar alrededor de estas mesas, era tan similar a la boda de Paulina Romero, la hija de Romero Deschamps, celebrada en mayo de 2017; y a la de Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, celebrada en julio de 2008; de hecho, hay personajes que asistieron a los tres eventos de la crema y nata de los círculos intocables.

Mientras exista un manto protector, por estrategia o por pacto, que siga protegiendo a los intocables del poder, la sociedad se seguirá preguntando sin desperdicio ¿quiénes de todos los asistentes ya están inscritos en la lista del borrón y cuenta nueva?

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