De los funcionarios y sus sueldos

Septiembre de 1994.-Carlos Hank y Emilio Gamboa
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“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”: César Garizurieta, el Tlacuache.

Durante siglos, en México y en prácticamente toda Latinoamérica, ser funcionario del gobierno ha significado la posibilidad de enriquecerse de forma rápida y casi siempre segura. Poder y dinero han caminado de la mano casi siempre en la historia de nuestro país.

El tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, el manejo turbio de concursos y licitaciones, el uso de empresas “fantasmas” y muchas otras formas de corrupción han sido la vía para que los empleados públicos se hayan beneficiado al margen de la ley, pero en la mayoría de los casos de forma impune gracias al apoyo y complicidad de amigos y compadres que les han facilitado el acceso a los puestos públicos.

Legisladores que brincan de un congreso estatal a una curul federal y que de diputados se tornan en senadores y luego en gobernadores, secretarios de despacho, diplomáticos improvisados, jueces, magistrados o simples caciques locales, quienes se dedican a la “política” han podido casi siempre garantizarse una vejez tranquila y una cuantiosa herencia para sus familiares.

Los altos sueldos de los principales funcionarios, aunados a incontables prestaciones adicionales, verbigracia, gasolina gratuita, viajes en primera clase o en vuelos privados, comidas, hospedaje de lujo, seguros médicos privados y muchas otras prebendas, han hecho que vivir dentro del presupuesto haya sido una aspiración permanente para miles de personas, el “hueso” hay que defenderlo a como dé lugar.

A lo largo de décadas, principalmente durante los casi setenta años de sucesivos gobiernos priistas, los mexicanos prácticamente nos acostumbramos a ver dicha realidad como algo normal, y durante la alternancia panista las cosas siguieron igual.

Frases como “a fulano, mi compadre, ya le hizo justicia la Revolución”, significaban que ese amigo finalmente había accedido a un puesto público que le garantizaba bienestar económico mediante actividades relacionadas directa o indirectamente con su gestión como funcionario de gobierno.

“Un político pobre, es un pobre político”, llegó a decir Carlos Hank González, quien durante décadas fue el paradigma del político mexicano de la era priista.

Con la llegada del presidente López Obrador al poder, el tema de la lucha contra la corrupción ha venido a constituirse en el eje de las políticas públicas. De manera reiterada ha sostenido que la escaleras se barren de arriba hacia abajo y que con su ejemplo y el de sus principales colaboradores el flagelo de la corrupción terminará. De la mano de este esfuerzo, con el que todo mundo debemos comprometernos, surgió desde la campaña electoral el tema de los altos sueldos de muchos funcionarios, sobre todo de los que ocupan puestos directivos y de alto nivel en todas las áreas del gobierno incluyendo a los de los otros dos poderes.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos cuya aprobación fue impulsada por el actual presidente, señala con claridad que ningún funcionario público puede ganar más que el propio jefe del Ejecutivo lo que equivale actualmente a poco más de 108 mil pesos al mes.

Como reacción a la nueva ley, los partidos de oposición promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, misma que al haber sido admitida ha dejado en suspenso la aplicación de dicha legislación.

La respuesta no se ha hecho esperar y el presidente ha declarado que los ministros de la Corte están dando un mal ejemplo al resistirse a la disminución de sus percepciones.

Ante este jaloneo surge necesariamente una pregunta cuya respuesta no es tan sencilla.

¿Es correcta y objetiva la nueva política de reducir los salarios de todos los servidores públicos a fin de que ninguno gane más que el presidente? De ser así, ¿cuál es el nivel mínimo a que deben ajustarse? Tomando en cuenta la importancia de sus obligaciones y el cúmulo de trabajo que pueden llegar a tener.

Impulsar la austeridad en el gobierno es sin duda necesario ante los dispendios y abusos que se han dado, sobre todo en los últimos años, pero los profesionistas especializados que trabajan en diversas áreas del sector público deberían tener la oportunidad de ganar un sueldo u honorario similar al que percibirían si desarrollaran su actividad de manera independiente o en el sector privado. De otro modo será muy difícil exigirles el mismo nivel de compromiso y profesionalismo y evitar que se busquen ingresos alternos, lo que los induciría a volver a caer en la tentación de la corrupción con la que se pretende acabar.

La vocación honesta hacia el servicio público es sin duda un ingrediente necesario que deberá desarrollarse, pero trabajar por amor al arte, o en este caso por mero amor a México, suena desde luego muy romántico pero es poco realista.

Desde luego no se trata de volver a los tiempos en que dedicarse a la política o al servicio público era sinónimo de enriquecimiento automático, pero las mujeres y los hombres que se han quemado las pestañas estudiando, preparándose y trabajando de manera honesta, merecerían tener percepciones dignas de sus conocimientos, experiencia y esfuerzo en las condiciones que establece el mercado laboral, sin importar si su patrón es el gobierno o la empresa privada.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

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