Lo más sonado de la semana #4: Víctimas de delitos comienzan a sentir el impacto de la eliminación de fideicomisos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Arturo Herrera, secretario de Hacienda. (Imagen de archivo)
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Las repercusiones por la extinción de los fideicomisos alcanzaron ya a las víctimas de delitos de alto impacto que dependían económicamente de los recursos que la Federación les proporcionaba para trámites de seguimiento de los casos en los que resultaron afectados, así como también para apoyos de becas, despensas y rentas.

Jessica Molina tenía previsto viajar a la Ciudad de México a finales de mes para participar en una sesión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar el expediente de la desaparición de su esposo, Daniel Trejo, capturado por marinos cuando estaba en su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en marzo de 2018.

Pero la CEAV le informó que no tenía recursos para financiar su traslado; si quería participar, tendría que cubrir ella misma los gastos.

El organismo argumentó que, por la entrada en vigor del decreto que ordena la desaparición de 109 fideicomisos entre los que se encuentra el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a víctimas, no había dinero disponible.

A Jessica le plantearon agendar las reuniones por videollamada, pero dijo que no era lo mismo, pues el acceso a los documentos del caso sería limitado si el encuentro se celebraba en línea.

Su esposo es una de las 47 víctimas de desaparición forzada registradas en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018. La FGR investiga los hechos en 34 carpetas en las que ya han sido señalados nueve integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina.

El fondo en cuestión que fue desaparecido por el Poder Legislativo a petición del Ejecutivo, tenía un monto de 574 millones 511 mil 883 pesos y su objetivo era brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas”.

Entre las ayudas: pago de despensas básicas y rentas a víctimas de delito, y apoyo para búsquedas o viajes como el de Molina.

La CEAV confirmó que los fondos de los que disponía el fideicomiso ya han sido traspasados a la Tesorería General, siguiendo la orden firmada el 06 de noviembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según la institución, el objetivo es seguir dando estos apoyos y, para ello, aseguran que han mantenido reuniones durante toda la semana con representantes de la Secretaría de Hacienda, pero no les han establecido cómo continuarán distribuyendo los apoyos.

Cabe recordar que, a mediados de octubre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hizo públicos varios videos a través de Twitter en los que aseguró que la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo ni un solo peso” de los beneficiarios.

Pero hasta el momento, no se ve claro.

Otra de las consecuencias de la eliminación del fideicomiso es que ya no se están pagando los apoyos mensuales que percibían las víctimas para despensas o rentas. El 30 de septiembre la CEAV envió un correo electrónico en el que aseguraba que se adelantarían los pagos de octubre, noviembre y diciembre para poder hacer frente a la contingencia provocada por la COVID-19, pero las víctimas no han recibido ningún depósito.

Según la CEAV, no hay un censo sobre cuántas personas pueden estar afectadas por estos recortes.

(Con información de Animal Político)

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