Lo más sonado de la semana #2: Juez exonera a cercano de Zebadúa en La Estafa Maestra

La defensa del acusado expuso sus argumentos en menos de 10 minutos

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Un juez federal decidió ayer no vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, por la presunta autorización ilegal de más de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) en el caso de La Estafa Maestra.

Báez Álvarez fue colaborador del oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Emilio Zebadúa, a quien se señala como el autor intelectual de La Estafa en esa dependencia, con la venia de Rosario Robles.

Como siempre sucede en estos casos, el juez determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció los datos mínimos suficientes para procesarlo por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El exfuncionario fue acusado de autorizar a la Tesorería de la Sedatu el pago de 185 millones 839 mil 480 pesos a la UPFIM por los servicios para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.

Este martes, en audiencia los fiscales federales afirmaron que la dirección que estaba bajo el mando de Báez, vía la tesorería, autorizó los pagos a la UPFIM con 9 facturas irregulares, las cuales no revisó.

En al menos cuatro se facturó en favor de un convenio diferente al firmado por la Sedatu con la Universidad, y una no contaba con el desglose del IVA.

La defensa de Báez argumentó que no había prueba ni norma que acreditara que su cliente tenía la facultad para recibir facturas o que las haya revisado.

Además, el abogado defensor sostuvo que no existió omisión de su cliente respecto a las facturas, porque la obligación para verificar los datos correctos de los comprobantes fiscales eran solo para el contribuyente, es decir para la Universidad.

Así que el juez determinó que “si el trabajo no se entregó, eso no es reclamable al imputado, él justificó el pago, este artículo del Código Fiscal genera una obligación para el contribuyente, no puede generarle una obligación a quien recibe este comprobante sino solo al contribuyente”.

El acusado aseguró que Armando Saldaña Flores, quien estaba a cargo de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo le envió los documentos para gestionar el pago de 185 millones.

“El área de Armando Saldaña me manda la solicitud de pago, me manda el convenio, las facturas, con lo que yo puedo gestionar el pago”.

Por lo que “el área que firma el convenio, en este caso es la de Armando Saldaña”, afirmó.

Pero, según dictámenes periciales de la FGR, la firma de Saldaña fue falsificada en el convenio suscrito de la Sedatu y la UPFIM, así como en las 9 solicitudes de pago del mismo.

Tras declararse inocente de los hechos, dijo que “lo único que hice fue actuar conforme al reglamento de la Sedatu, el cual dice que yo puedo pagar siempre y cuando cuente con la justificación correspondiente”.

Al parecer la FGR se especializa en ahorcar la mula y dejar cada caso sin posibilidades de ganar.

(Con información de Reforma)

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