Llaman ONG a reforzar control de compras públicas durante emergencia sanitaria

05 de mayo de 2020. Toluca. Estado de México.-Embarque de 211 respiradores artificiales procedentes de Estados Unidos destinados a pacientes con covid-19
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Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, diversas organizaciones sociales hicieron un llamado a las autoridades a reforzar la vigilancia en los procesos de contratación que impliquen recursos públicos.

Impunidad Cero, Justicia Justa, Tojil y Transparencia Mexicana hacen un llamado urgente a las autoridades a establecer mecanismos de control que reduzcan el riesgo de que las contrataciones realizadas en el marco de esta emergencia sanitaria por el COVID-19 tengan como finalidad desviar recursos públicos del sector salud a través de las denominadas empresas fantasma”, señalan dichos organismos en un comunicado difundido este jueves.

En el texto, recuerdan la facilidad en el sector para usar empresas fantasma y desviar recursos públicos, lo cual fue recientemente evidenciado en una investigación que Impunidad Cero y Justicia Justa realizaron, en la cual se determinó que, entre 2014 y 2019, diversas instancias del sector salud a nivel nacional asignaron contratos con recursos públicos por más de 4 mil millones de pesos a ese tipo de empresas.

Por lo tanto, enlistan una serie de recomendaciones aplicables para la Administración federal y los Gobiernos estatales.

Entre éstas, destaca llevar a cabo una fiscalización reforzada a través de la participación de los Órganos Internos de Control durante todo el proceso de compra.

Para evitar la contratación de empresas fachada, sugieren que las autoridades verifiquen antes de asignar un contrato que las empresas ofertantes no estén incluidas en el listado 69-B del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es donde se enlistan todas aquellas compañías que han sido detectadas con operaciones simuladas.

Pero advierten que, dado que las empresas fantasma se crean y desaparecen con facilidad, se puede estar frente a una empresa de este tipo que no ha sido incluida en el Listado.

Además, añadieron, se deben tomar medidas adicionales para comprobar que las empresas que participan en el proceso de compra tengan la capacidad de cumplir con los requerimientos de la unidad compradora.

Se debe limitar la posibilidad de subcontratación y ejercer en esos casos los mismos controles aplicados a las empresas contratadas.

Cabe mencionar que en un análisis de este año de los portales oficiales de gobierno (con fecha de actualización al 05 de mayo) realizado como parte de la iniciativa #SusanaVigilancia, de Transparencia Mexicana y Tojil, se identificó que sólo cinco entidades federativas publican en sus sitios web información relativa a las contrataciones realizadas en el marco del COVID-19, que ascienden a la fecha a un monto de 4 mil 951 millones de pesos.

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