Legalizar las drogas

A lo largo de la historia ha quedado más que probado que el prohibicionismo a ultranza solamente consigue exacerbar las conductas de aquello que se restringe o limita por medio de leyes o políticas de estado.

- Publicidad -

El tema de la dependencia física o psicológica de los seres humanos a cualquier sustancia que altere o modifique su comportamiento, es sin duda una cuestión que de origen, tiene mucho más que ver con las políticas de salud pública que con la delincuencia o con la criminalización de la conducta de los individuos.

A lo largo de la historia ha quedado más que probado que el prohibicionismo a ultranza solamente consigue exacerbar las conductas de aquello que se restringe o limita por medio de leyes o políticas de estado.

En los años veinte, cuando el alcohol fue declarado como ilegal en los Estados Unidos, sólo se lograron efectos negativos y contraproducentes: generar un mercado negro y de contrabando; que su precio aumentara de forma estratosférica; que los licores se fabricaran de manera clandestina y con ello muchas personas resultaran envenenadas, pues se producía sin controles sanitarios de ningún tipo y que el ansia por su consumo aumentara. De ninguna manera se consiguió terminar con el gusto por la bebida y menos aún con el problema del alcoholismo.

Lo mismo ha ocurrido en el transcurrir del tiempo con las sociedades que han prohibido la prostitución en lugar de regularla.

Ante tales políticas, las enfermedades de transmisión sexual aumentan, al igual que otro tipo de delitos -esos sí muy graves-, como la violación y la trata de mujeres.

Igual ha sucedido cuando se ha pretendido prohibir una religión o una ideología política o filosófica. El fanatismo se radicaliza y la violencia se hace presente.

El prohibicionismo radical no conduce a nada, salvo a crímenes y daños mayores que los que se pretenden evitar.

El tema de permitir el libre consumo de drogas ha sido visto desde hace décadas como un tabú, como una propuesta inmoral y como una vía intransitable, principalmente por razones políticas e intereses económicos inconfesables.

Lo mismo pasaba hasta no hace mucho con el aborto y las uniones homosexuales.

Nadie puede sin embargo, justificar desde el punto de vista de la Teoría del Estado, el por qué el gobierno estaría legitimado para que los habitantes de una nación, hagan con su cuerpo lo que quieran, siempre y cuando con ello no dañen a nadie más y esto significa que coman, beban, inhalen, fumen o se inyecten lo que mejor les venga en gana.

La función y responsabilidad del Estado, están -eso sí de manera incuestionable- en prevenir a sus ciudadanos del deterioro potencial y actual que el consumo de esto o aquello pueden provocar en su salud y desde luego en regular y en su caso limitar el ejercicio de la libertad individual en todo aquello que pueda suponer daños a terceras personas.

De la misma manera en que conducir un vehículo o manejar una maquinaria en estado de ebriedad constituye un delito por el peligro que supone para la persona y bienes de los demás, se limita también la libre venta de armas o explosivos en razón del mal uso que pueda hacerse de las mismas y del creciente número de psicópatas y terroristas que circulan por ahí.

De ello nadie tiene duda, garantizar la seguridad ciudadana es premisa fundamental y razón de ser de todo gobierno.

Sin embargo, de ahí a que el Estado se arrogue el derecho de ejercer una función paternalista que no le corresponde y sancione comportamientos que únicamente atañen a cada individuo, existe una gran distancia.

Cada vez son más las voces que se atreven a cuestionar la política del prohibicionismo y justifican con argumentos de razón la conveniencia de permitir el libre consumo de toda clase de drogas, comenzando por la mariguana.

¿Cuántos muertos hay al año por culpa del consumo irresponsable de alcohol y cuántos por fumarse un churro de mota? Desde luego que no existen estadísticas comparativas.

No es mi intención desconocer el peligro que la mayoría de las drogas, -tanto legales como prohibidas-, suponen. Es evidente que hay muchos tipos de sustancias cuyo consumo es muy dañino y potencialmente mortal como los inhalantes (que por cierto son de libre venta), la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y muchas otras de tipo sintético.

Sin embargo, el remedio a corto y largo plazo no está en criminalizar su venta y su consumo, sino en la educación, en la prevención y en su caso en la rehabilitación.

Bajo las políticas actuales, si reflexionamos sobre el número de muertes que derivan del consumo de drogas y las comparamos con las causadas por la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, podríamos llevarnos una enorme sorpresa.

La conclusión lógica, llevada al absurdo, sería que el consumo de refrescos y dulces, así como el de fritangas (entre otros) debiera estar también prohibido y quienes los fabrican y expenden ser llevados a la cárcel. Nadie podría pensar en algo más desatinado.

Aceptémoslo, es hora de que todo mundo se quite las máscaras, si realmente queremos recuperar la tranquilidad y disminuir de forma importante los niveles de inseguridad y de violencia que se siguen extendiendo a lo largo y ancho de nuestro territorio, hay que abandonar

políticas absurdas principalmente impuestas por el mayor mercado de consumo de drogas del mundo, -que son los Estados Unidos de América- donde, por cierto, el prohibicionismo ha comenzado a ceder con la legalización de la producción y consumo de la mariguana en cada vez más estados.

La prohibición radicaliza la demanda, lo que supone un negocio más grande a ambos lados de la frontera, aunque la mayoría de los muertos por la violencia los seguimos poniendo nosotros y ésta se extienda día con día.

Quizás el mayor error de Calderón como Presidente no haya sido emprender la guerra contra el crimen organizado, -política que ha continuado en el actual sexenio, aunque oficialmente no se le llame así-, la mayor falta quizás, sea la de no haberse dado cuenta de que lo que se necesita es comenzar a trabajar seriamente para revertir las políticas de prohibición absoluta.

Es necesario revertir el gasto en armamento y mantenimiento del aparato persecutorio para invertirlo en políticas de prevención y rehabilitación para quienes caigan en cualquier tipo de adicción.

Pronto sabremos el nombre de los candidatos que buscarán obtener diversos puestos de elección popular en el 2018, comenzando por la Presidencia de la República.

Esperemos a ver quién es el valiente que se atreve a proponer un cambio real.

Aquí nos vemos, yo voy derecho…

Comentarios